Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Una encuesta realizada por el CACIF entre empresas agremiadas a alguna de las distintas Cámaras refleja que hay una mayoría, 56%, que estima que los procesos judiciales en el tema de la corrupción y la evasión fiscal ahuyentan la inversión y dañan la economía del país y apenas un 13 por ciento considera que no habrá impacto como consecuencia de las acciones de la SAT y del Ministerio Público.
En otras palabras, es obvio que la aplicación de la ley, tanto en cuestiones penales como en las fiscales, no forma parte de la mentalidad del guatemalteco que ha vivido acostumbrado a que el clima sea siempre de absoluta impunidad en cualquiera de esos casos. Cualquiera pensaría que un inversionista que pretende trabajar con confianza prefiere un país en donde se aplica la ley con toda certeza y en donde la gente sabe que no pagar impuestos tiene consecuencias porque ello alienta un tipo de competencia leal que coloca a todos los que participan en el mercado en igualdad de condiciones. En cambio, los guatemaltecos consideramos que la implementación de un verdadero Estado de Derecho, en el que se tenga que responder por las violaciones a las normas legales, es un elemento negativo que aleja la inversión. ¡Aunque usted no lo crea!
Lo que pasa es que tenemos una muy larga tradición de privilegios para algunos sectores que tienen acceso a los centros de poder. De hecho eso viene desde el origen mismo de Guatemala como un Estado independiente porque precisamente para ello fue que los mal llamados “próceres” se apresuraron, según su propia expresión, a declarar la independencia antes de que el pueblo lo hiciera por iniciativa propia, lo que hubiera significado otro tipo de equilibrio en los factores de poder. Y también desde esos tiempos viene el tema de los impuestos, porque lo que se perseguía era dejar de tributarle a la Corona de España. Con el tiempo se fue sofisticando el privilegio al punto de que ahora nos pone los pelos de punta que pueda haber alguien pensando en tamaña barrabasada como hacer que la ley funcione por igual para todos y que algunos de los que antes estaban más allá del bien y del mal hayan terminado acusados y encarcelados.
Para el tipo de economía que tenemos nosotros, llena también de privilegios y falsedades con relación a la competencia y el libre mercado, por supuesto que crea un pésimo clima el que se produzcan “sobresaltos” como los que sufrieron los que cooptaron al Estado o incurrieron en delitos para evadir impuestos. Porque una cosa es evadirlos y otra es recurrir a prácticas delictivas para hacerlo y eso tiene una consecuencia.
Creo que falta mucho para que entendamos que hay que construir un nuevo orden social en el que nos comprometamos al respeto a la ley, a la convivencia bajo reglas que nos obligan a todos y no únicamente a los que consideramos parte del lumpen para quienes nunca ha importado ni el debido proceso, ni la presunción de inocencia ni la misma libertad. La ley con raseros diferentes forma parte de la mentalidad chapina.
