Jorge Mario Andrino Grotewold
• @jmag2010
Una nueva reforma a la Ley de Contrataciones del Estado se ha aprobado en el Congreso la semana recién pasada. Esta vez, ante la presión de las corporaciones municipales y algunas entidades del sector público que se han visto imposibilitadas de comprar «a su gusto» las distintas necesidades e insumos que se requieren para el efectivo ejercicio de la función pública. ¿Hasta cuándo seguirán parchando la ley?
Luego de los acontecimientos de corrupción del año pasado, que dieron como colofón la renuncia y enjuiciamiento del expresidente y exvicepresidenta de la nación, conjuntamente con casi todo su gabinete de Ministros y Secretarios, se realizó una serie de propuestas abiertas para que importantes temas como la corrupción, el servicio civil, las contrataciones públicas y tantas más fueran legisladas. Algunas tuvieron «padrino» o «madrina» y por eso avanzaron más (Contrataciones Públicas). Otros, como servicio civil, fueron dejadas en el abandono, incluyendo al actual Presidente de la República que había prometido impulsar estos temas dentro de la agenda nacional.
Pero para estos aspectos, incluyendo las compras públicas, el Congreso de la República abrió sendos procesos de incorporación de propuestas, realizó estudios y promovió propuestas, pero ninguna de ellas se tomó en cuenta con seriedad, puesto que los impulsores ya tenían su idea preconcebida de cómo debe comprarse en el Estado, y por ende rechazaron sutilmente cualquier otra recomendación. Interesantemente o no, quienes apadrinaron esta reforma (que ahora se modifica con otra) jamás se han sentado tras un escritorio con la responsabilidad de comprar para una institución del Estado. Retórica nada más entonces.
La ley vigente desde 1992 ha sido reformada en múltiples veces, especialmente porque en un principio se consideró que había sido realizada para determinar procedimientos de construcción de obra, no así de servicios o insumos, habiendo dejado lagunas legales e inciertos que eran llenados por la práctica y los estándares internacionales que eran conocidos. Aunado a ello, se ha tenido la ausencia de un ente rector en materia de adquisiciones del Estado, puesto que la Dirección adscrita al Ministerio de Finanzas Públicas, siempre fue timorata, incierta y permisiva, especialmente porque no gozaba de independencia de un Ministro, un Presidente o un legislador.
Para adecuarla al TLC con Estados Unidos fue necesaria una reforma. Otra fue, para hacer obligatorio el uso de Guatecompras, y esto es excelente. Pero siguen siendo parches y nuestro Parlamento legisla por coyuntura, por presiones, y no por contar con una verdadera visión de Estado, de política pública, de estadistas.
Una nueva Ley de Contrataciones es necesaria. Debe redactarse con personas de experiencia, de forma abierta, con principios de transparencia, con razones de eficiencia y calidad. Debe redactarse con amor a Guatemala.
