Lucrecia de Palomo
Yo denuncio y exijo al Ministerio Público se investiguen veinte años de destrucción al sistema educativo del país. Veinte años en los cuales un grupo de empresarios y comunidad internacional han desoído a los educadores del campo, que venimos batallando en hacerles ver las políticas erróneas que se evidencian, haciendo caso omiso a la solicitud de un diálogo consensuado. Lamentablemente para nosotros, ellos desde el inicio sabían hacia dónde se dirigían: una educación para élites.
Veinte años de no ser escuchados por los ministros: Moreno (Arzú), Aceña (Berger) Molina y Alonzo (Colom), Del Águila (Pérez), y ahora López (Morales); la mayoría de ellos impuestos por el sector privado que financió las campañas políticas de los Presidentes de turno. Asesorados por agencias internacionales (que con su grupo de becados mantienen puestos de jerarquía en la institución, dando seguimiento a sus políticas) que se benefician de los proyectos educativos que se asignan y que no han tenido resultados en la educación del país; por ONG guatemaltecas que solo buscan vivir del escaso presupuesto por medio de contratos con esa misma comunidad internacional. Sin faltar algunas universidades privadas y la estatal. Pero sobre todo, los acuso de manejos políticos bajo la mesa con un sindicato magisterial, que han enriquecido a sus dirigentes y que nunca piensan en los estudiantes, única razón del Ministerio. A todos ellos debe dilucidarse responsabilidades.
Denuncio a un Consejo Nacional de Educación en donde las instituciones mencionadas se han enraizado y desde donde permanecen impávidas, apañando políticas que hoy tienen en números rojo la educación nacional.
Denuncio a las Cortes de Justicia, que manipulando las leyes han respaldado a los funcionarios del Ministerio de Educación y sus políticas internacionales en detrimento de los jóvenes, creando un gigante que no sirve para nada y que sumerge cada día más a este país en la ignorancia, la desnutrición y la falta de oportunidades para los niños y jóvenes.
Denuncio a un grupo de periodistas que mantienen bajo el agua la realidad de la educación sin tener clara conciencia de qué, cómo, por qué y quiénes deben educar, tergiversando los términos y provocando confusión en la población (hasta el punto de apañar el cierre de las normales –que aún no se destapa el desastre que esta decisión va a provocar en la educación nacional).
No puedo explicarles mis sentimientos al leer el titular de Prensa Libre, que se desprendió de una entrevista con el Ministro; “Baja calidad frena progreso educativo”, de nuevo una preposición falsa con términos engañosos, ante un juego de palabras mal utilizadas. Escuchamos a un funcionario que presenta verdades a medias: habla de la realidad que vive la educación, pero no de cómo se llegó a ella. Indica que sólo hay cien supervisores para todo el país, pero no dice cómo ese mismo Ministerio, que López tiene bajo sus directrices, fue y es el que acabó con la franja de supervisores mediante un plan maquiavélico que viene desde la administración Arzú. No dijo cómo todas las plazas están congeladas y no se salen a oposición, esperando que surja el Sinae (Sistema Nacional de Acompañamiento Educativo). Lo que tampoco dijo fue sobre su ilegalidad al pasar sobre el Decreto 23 “A”- 1965; que solo contempla la supervisión del sector público y con personal 022 (que esconden a los promotores políticos del gobierno de turno) y los privados tendrán que pagar para ser certificados por organizaciones también privadas -las cuales ya hay un grupo de empresarios que se relame los bigotes para ser seleccionados. Todo un negocio. No se puede jugar con la educación de un país, pues esto lleva al fracaso. Lamentablemente las denuncias nunca han tenido eco, ojalá que llegue a los oídos del guatemalteco común que no comprende cómo se mueven las aguas en el Ministerio de Educación y cómo se planifica el fracaso de la educación popular.
