Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
La ley establece la obligación de que los funcionarios públicos presenten su declaración patrimonial como un instrumento para facilitar el control de la corrupción porque mediante ese mecanismo se puede detectar parte del enriquecimiento ilícito. Legalmente no es obligatorio hacer pública tal declaración y los funcionarios se amparan en el precepto legal para limitar la entrega a las autoridades de la siempre inútil y cómplice Contraloría General de Cuentas de la Nación. En pocas palabras, lo mismo da Chana que Juana porque el detalle patrimonial quedará engavetado para siempre, como tanto documento que pudo ser útil y que en manos del Contralor no sirve para nada.
Pues ayer el Superintendente de Administración Tributaria y todos los intendentes de la SAT rompieron con ese molde y procedieron a hacer pública su declaración patrimonial como parte de un esfuerzo de transparencia que persigue, indudablemente, reforzar la moral tributaria de la población porque por lo menos ellos han sido transparentes al explicar qué bienes poseen ahora y seguramente que ello permitirá ver no solo con cuánto salen, sino que además detectar cualquier forma en la que pudieran enriquecerse fuera de lo que les permiten sus ingresos por el trabajo que desempeñan o por los rendimientos de capital que puedan derivarse de sus actuales bienes.
Hay que recordar que el presidente Morales había anunciado que él, su Vicepresidente y los ministros harían públicas sus declaraciones patrimoniales para ser congruentes con el lema de que no eran ni corruptos ni ladrones. Pero algo pasó en el camino que decidieron no hacer pública la información en la forma en que lo habían ofrecido y de esa cuenta sigue la opacidad respecto a las personas que desempeñan funciones públicas. El argumento nuevamente ha sido que si publican lo que tienen pueden ser objeto de extorsiones, como si los delincuentes no supieran que, con o sin declaración pública, son gente que gana bastante plata, mucho más que el tendero de la esquina que está sometido a permanente presión de las pandillas.
El paso me parece fundamental dentro de una nueva forma de rendir cuentas de los funcionarios públicos y sin duda que es una muestra de la mejor disposición a que nosotros, los ciudadanos, podamos indagar sobre los bienes que posean y puedan poseer en el futuro quienes asumen una responsabilidad pública. Yo creo que quien no quiere ser transparente debe quedarse en su casa y en sus negocios, sin aspirar al desempeño de ningún cargo en el Estado porque esa calidad es, por esencia y definición, incompatible con la oscuridad que se mantiene a partir de las babosas excusas que dan todos para no explicitar su patrimonio.
Guatemala, sobre todo, es un país en el que el sistema corrupto está diseñado para que se robe a diestra y siniestra y si algún día vamos a cambiar el sistema tiene que ser a partir de actitudes como las de las autoridades de la SAT que merecen todo encomio por haber asumido, de propia iniciativa, una postura que los dignifica a ellos y dignifica a la institución a la que sirven.
