Francisco Cáceres Barrios
fracaceres@lahora.com.gt
Enterado que las reformas constitucionales para el sector justicia ya fueron presentadas por una llamada “Secretaría Técnica” y que pronto van a ser conocidas por los diputados del Congreso de la República, en principio debo decir que sigo creyendo que antes de empezar a modificarle tan solo una coma al texto actual, debiéramos conocerlo a fondo, como cumplirlo a cabalidad. Pero la sola lectura del proyecto hasta ahora divulgado someramente por algunos medios de prensa me despertó muchas dudas o inconformidades y creo que es obligatorio decir por qué.
No, no es que pretenda hacer una exposición o análisis jurídico constitucional a fondo, pues no me siento capaz de hacerlo y tampoco he podido conseguir el texto presentado la semana pasada para estudiarlo, pero me pareció inaudito que no se haya escuchado el clamor popular (habiéndose dicho que sí se hizo) para eliminar de tajo el derecho de antejuicio para los funcionarios públicos, porque si vamos a empezar contemporizando simple y sencillamente eso está mal. Que las autoridades indígenas llamadas “ancestrales” puedan ejercer funciones jurisdiccionales por sus propias instituciones me da la impresión que no solo propiciaríamos dividir más a nuestra sociedad, sino que la aplicación de la justicia mañana podría ser todo un relajo.
Algo que me llamó mucho la atención es la forma propuesta para elegir Fiscal General, pues a mi manera de ver no garantiza lograr su idoneidad, capacidad y honradez; la integración y el período de funciones de los magistrados de la CC también deja tremendas dudas; las incompatibilidades que tendrían los jueces y magistrados por el estilo; las contrataciones en la carrera judicial, a mi modo de ver, debieran de ser mucho más estrictas; si bien es cierto se plantea la creación de un Consejo Nacional de Justicia, su integración arroja muchas interrogantes; el cambio de jurisdicción de los tribunales militares debiera ser discutido más a fondo y la elección de los magistrados de apelaciones no es la mejor manera de planear las cosas.
En fin, estimo prudente recomendar que todo lo expuesto y muchas cosas más deben analizarse a fondo estableciendo puntualmente los beneficios o perjuicios que traerían consigo y aquí viene lo más importante, ¿alguien podrá considerar aceptable que el actual Congreso, corrupto e ineficaz hasta las cachas, tenga la capacidad para aprobar reformas constitucionales, cuando ni siquiera ha podido organizarse a sí mismo para cumplir con sus deberes y responsabilidades? Todo lo anterior se lo pongo al amable lector sobre el tapete, para que si algún día los ponentes le hicieran llegar la propuesta claramente explicada, pueda ejercer su derecho a opinar y por qué no, también a oponerse.
