Juan Antonio Mazariegos G.
Esta semana los presidentes de los tres poderes del Estado, con el respaldo de 52 diputados al Congreso de la República, presentaron a ese organismo la propuesta de Reforma Constitucional al Sector Justicia. La normativa en cuestión se compone de 25 artículos que se encuentran contenidos en un documento de 69 páginas que contienen además de los artículos que se propone reformar o adicionar, la exposición de motivos para dicha propuesta y un recuento de las iniciativas que con anterioridad se trataron de implementar en este campo.
Nadie discute la necesidad de implementar reformas al sector justicia, que la vieja máxima de “justicia pronta y cumplida” se transforme en una realidad va mucho más allá de una aspiración y sin duda pueden adicionarse a la frase una interminable serie de calificativos, accesible, gratuita, incluyente, equitativa, eficaz, etc.
Por otro lado, ya resulta inevitable que la sociedad en general arribe a la conclusión de que el origen de todos nuestros males se encuentra en la ley, de esa cuenta y a pesar de que se encuentren regulados muchos temas en nuestra legislación, exigimos y promovemos leyes ad hoc que redundan o desvirtúan figuras que ya se encuentran reguladas, pero que al amparo de que deben de especificarse más para funcionar, se convierten en esa nueva legislación que acabará con todos nuestros males, por lo cual se debe de tener el cuidado y el entendimiento para calificar la propuesta en contraposición a la legislación constitucional ya existente, pues cabe la posibilidad de que en su conjunto esta última sea mejor que lo que en su conjunto se propone como cambio.
Por supuesto, las reformas en mención no son cualquier ley y, por ejemplo, nadie en su sano juicio podría defender el que se nos restrinja el derecho al antejuicio luego del enorme desgaste que ha sufrido dicha institución por el mal uso que se la ha dado, o que no se cree una carrera judicial adecuada que permita la profesionalización de la justicia en Guatemala.
Aun así, la obligación de todo ciudadano es empaparse de las reformas, tratar de entender sus alcances, discutirlas y finalmente votar o no por ellas en una Consulta Popular, si es que luego de su discusión y modificación por el Congreso de la República son aprobadas por ese organismo con el voto de dos terceras partes del total de Diputados.
Podrá no ser el campo o materia de conocimiento o interés de cada uno de los guatemaltecos, pero si fructifica su implementación nos afectarán a todos y algo que no se pretende cambiar es que en contra de la ley no se puede alegar ignorancia. Por favor infórmese.
