Javier Monterroso
Finalmente el día de ayer cinco de octubre el Presidente de la República presentó al Congreso la propuesta de reformas a la Constitución Política de la República en materia de justicia, elaborada por la Secretaría Técnica del diálogo nacional para la reforma de la justicia, dicha secretaría está integrada por el Ministerio Público, la Procuraduría de los Derechos Humanos, la CICIG y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
La propuesta surge de un proceso de diálogo alrededor de un documento base elaborado por la ya mencionada Secretaría, y después de varios meses de reuniones, presentación de propuestas, mesas de diálogo, e incluso una que otra discusión que se salió de las manos, finalmente se presentó la iniciativa de reforma que ya está disponible en la página www.reformajusticiagt.org.
Como lo he mencionado en reiteradas ocasiones nuestra Constitución Política de la República ya no es un pacto de nación acorde a la realidad guatemalteca, lo fue hace 30 años, pero ya es necesario actualizarla en varios temas, y sin lugar a dudas uno de los más importantes es el relacionado al sistema de administración de justicia.
Considero que la propuesta presentada contiene muchas de las recomendaciones que diversas instituciones nacionales e internacionales han realizado en el tema, entre ellas la separación de las funciones administrativas de las judiciales mediante la creación del Consejo Nacional de Justicia, que sería el encargado de todos los aspectos administrativos y de nombramiento de jueces y magistrados de apelaciones, quitando la facultad del Congreso para nombrar a estos últimos, otro aspecto importante es que se privilegia la Carrera Judicial al establecer que un 75% de los magistrados de apelaciones deben ser jueces de carrera, así como criterios de equidad de género y multiculturalidad para optar a cargos en la judicatura. La propuesta también reforma la elección de Fiscal General de la República y aun más importante circunscribe la función del MP a la persecución penal suprimiendo esa locura de que es el encargado del estricto cumplimiento de las leyes del país.
Pero como toda obra humana también presenta algunas deficiencias que deberían ser corregidas en el Congreso de la República, por ejemplo establece como requisito para ser magistrado de las Cortes de Apelaciones tener 15 años en el ejercicio profesional, los mismos que se requieren en la propuesta para ser magistrado de la Corte Suprema lo cual es contradictorio, por lo que deberían establecer como requisito para magistrado de apelaciones 10 años de experiencia profesional (actualmente es apenas de 5 años). Corresponde ahora al Congreso de la República conocer esta propuesta en forma responsable y corregir los errores que la misma pueda contener, que son mínimos pues es una muy buena propuesta que podría mejorar la administración de justicia en nuestro país.
