Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
La decisión unánime tomada ayer por el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, al condenar a la jueza Jisela Yadel Reinoso a once años de prisión por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero constituye un hito histórico en nuestro ordenamiento de administración de justicia porque en ese campo, como en casi todos los de la vida humana, siempre prevaleció el espíritu de cuerpo o se antepuso la “solidaridad gremial” cuando el sindicado era parte del sistema judicial.
Se trata de actitudes que se dan entre quienes se dedican a la misma actividad. Empezando por los curas que por años encubrieron a los abusadores “para no dañar la imagen de la institución” o la de los militares que, por idénticas razones, se hacían de la vista gorda del comportamiento de algunos de sus miembros que implicaban la comisión de delitos, no solo en los casos de lesa humanidad, sino también de aprovechamiento del poder para amasar fortuna.
Ocurre, desde luego, entre los comunicadores sociales que, en nombre de la defensa a ultranza de la libre emisión del pensamiento, toleramos abusos y excesos que se cometen contra de la misma ley que regula nuestra actividad, mediante la propagación de noticias infundadas que afectan a personas particulares. Lo hacen los abogados entre sí, pensando en el hoy por ti, mañana por mí, y lo hemos visto cuando algún médico es acusado de mala práctica, haciéndose imposible conseguir el testimonio científico que permita demostrar el descuido del sindicado porque, otra vez, humanamente todos nos tapamos con la misma chamarra.
No por gusto acuñaron el dicho aquel de que “entre bomberos no nos machucamos la manguera”, porque la idea básicamente es la de protegernos mutuamente, sobre todo cuando tenemos techo de vidrio y eso ha ocurrido siempre que un juzgador es objeto de señalamientos. Por regla general ni siquiera se da trámite al antejuicio, mucho menos llegar a sentencia como ocurre ahora en este caso y con el agregado de que fue un fallo unánime de los tres profesionales que integraron el tribunal que conoció de este caso que puede considerarse en realidad como paradigmático.
Por supuesto que hay pendientes apelaciones legales y recursos que deberá conocer alguna de las Salas correspondientes y el fallo no está firme, pero la sentencia deja clara la valoración de la prueba aportada por la CICIG y el MP, de manera que no será sencillo revertirlo apresuradamente.
También es una realidad que la estructura misma del Organismo Judicial está cooptada por poderes paralelos que tienen el encargo de minar la lucha contra la impunidad, y por ello es que tratarán de mover cielo y tierra para revertir un fallo que, repito, parece muy sólido.
El caso es que en Guatemala tenemos que ir aprendiendo a la verdadera rendición de cuentas para asumir la responsabilidad por los actos de cada quien. No es cuestión de lavarse las manos hablando de rendir cuentas sin asumir las consecuencias de los actos en que hemos incurrido, sino de realmente responder por cualquier abuso, ilegalidad o prevaricato que pueda haber en el desempeño de funciones públicas y eso, lejos de desmotivar al ciudadano para aceptar cargos, como dicen algunos, lo que debe hacer es obligar a quien los asume a actuar con la honradez y transparencia que las circunstancias demandan.
