Francisco Cáceres Barrios
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El que vivamos en Guatemala en un estado de calamidad permanente no debiera servir para que los funcionarios y empleados públicos sigan haciendo lo que les venga en gana. Digo lo anterior porque se ha vuelto costumbre la mala práctica de utilizar la regulación contenida en el Artículo 139 de la Constitución de la República para establecer la Ley de Orden Público en sus cinco diferentes gradaciones y así, en un claro y hasta descarado proceder, se brinquen la Ley de Compras y Contrataciones para lograr ventajas que irremediablemente van a parar a los bolsillos de vendedores, compradores e intermediarios de productos y servicios.
Ejemplos de lo anterior abundan en nuestro país, los que van desde adquisiciones de medicinas, alimentos, vehículos, viviendas, caminos, puentes, carreteras y hasta colchas y frazadas con el pretexto de que al reducir el tiempo de adquisición se beneficia a la población al recibir más pronto las “ayudas” sin embargo, ¿cuántas veces se ha prometido pero, incluso años después, no han sido recibidas por la población?
No hay día que no escuchemos o veamos en los medios de comunicación ejemplos palpables como los mencionados, como el que ahora mismo podemos comprobar en el pavimento de la ruta a El Rinconcito, Santa Rosa de Lima, que a menos de un año de haber sido construida ya está completamente deteriorada. ¿Y cuántas veces la población damnificada con tantos desastres naturales se ha pasado toda una vida esperando la ayuda que los funcionarios han explotado propagandísticamente para satisfacer sus intereses políticos o personales?
Quien diga que todo lo anterior es culpa de quienes dejamos hacer y dejamos pasar está diciendo una gran verdad, pero eso no debiera significar que no le pongamos un ¡Hasta aquí! al descaro o mangoneo que tanto miembros del Ejecutivo, como diputados del Legislativo han venido poniendo en práctica a lo largo de muchos años de nuestra historia. De esa cuenta, a través del tiempo hemos escuchado cómo fulano y zutano amasaron sus fortunas o lograron hacer exitoso su negocio, por lo que aunque se enojen o disgusten nuestros funcionarios por las críticas que podamos hacer los ciudadanos sobre su actuar o comportamiento para ejecutar el mandato que ellos oportunamente le pidieron a la población, ha llegado la hora de no seguir callando las barbaridades hasta ahora cometidas, exigiéndoles de ahora en adelante garantías para que la ciudadanía sea informada completamente de todo lo que se les requiera, en cumplimiento de lo que las leyes establecen para el efecto, incluso con lujo de detalles, por cuanto el dinero que utilizan proviene del pago de nuestros impuestos y no de sus propios bolsillos.
