Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Guatemala es un país cuyo principal problema está en la inequidad que se traduce en las condiciones de enorme pobreza para la mayoría de la población y algunos dicen ahora, cuando se destapó el juego de la corrupción, que todo es resultado de que el dinero público que debería servir para atender las necesidades sociales se lo roban unos pocos, pero el asunto es mucho más profundo porque desde el origen de nuestro Estado, se diseñó un sistema de impunidad que ha alentado no sólo la corrupción sino el abuso para propiciar la injusticia sin que exista posibilidad de aplicar correctamente la ley.
Por supuesto que la corrupción significa el desvío de los fondos públicos, pero más que eso lo que hemos construido es un sistema que permite que unos pocos tengan todos los beneficios en perjuicio de la mayoría. Simplemente se trata de ser parte de la rosca que históricamente ha aprovechado su poder, cooptando gobiernos e instituciones, para disfrutar de todos los privilegios y oportunidades mientras que el ciudadano común sigue sin acceso a nada más que al sueño de convertirse en migrante para salir de su oprobiosa pobreza.
Pero todo ello es posible porque tenemos un régimen de impunidad construido a conciencia. De ahí la importancia que tiene el poder judicial, puesto que se termina convirtiendo en la pieza clave para mantener el sistema de privilegios para unos pocos y de subsistencia, si acaso, para el resto. En Guatemala es la ilegalidad, la violación de las normas elementales de convivencia, el camino para llegar al éxito porque no hay parámetros de sana y civilizada competencia cuando los negocios se hacen por conectes, por protecciones especiales que pasan por la violación de la ley.
Cuando se supo que la Corte Suprema de Justicia había respondido al llamado que hizo la magistrada Stalling para elegir a la nueva Presidenta, se hizo obvia la situación. Aquí nada ha cambiado y, es más, los garantes de la impunidad se reacomodaron y están en mejor posición para no sólo beneficiarse personalmente, sino para garantizar que no haya sobresaltos. Ya veremos, en poco tiempo, cómo todos los sindicados en procesos bien fundamentados por las investigaciones de la CICIG y el Ministerio Público, se irán cayendo poco a poco entre la marrullería leguleya porque, no olvidemos, para eso es que fueron electos precisamente los magistrados que ostentan la facultad de administrar ese remedo de justicia.
Yo he tenido siempre claro ese problema y esa es la razón por la cual desde el principio he apoyado el concepto de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, puesto que sin esa herramienta era imposible el menor avance. La CICIG ha desnudado plenamente el funcionamiento del sistema y con sus altas y bajas, ha sido un instrumento idóneo no sólo para combatir la corrupción, flagelo que es mundial con la diferencia que en otros países es castigado y aquí no, sino para evidenciar cómo es que los poderes fácticos se han esmerado en mantener el control del poder judicial porque, en definitiva, la impunidad es la clave para mantener el sistema nacional de exclusión y pobreza para que unos pocos, los dueños del país, se lleven todo el beneficio.
