Jorge Santos
El Acuerdo Global Sobre Derechos Humanos contiene el compromiso del Estado guatemalteco de identificar y desarticular a los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad, que al amparo del Conflicto Armado Interno, se enquistaron en las instituciones públicas y mantenían secuestrado al Estado. Luego del incumplimiento de este compromiso, varias organizaciones proponen lo que en su momento se conoció como la Comisión Internacional Contra los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad –CICIACS– que va a resultar siendo la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- y que tendrá como mandato fundamental darle cumplimiento a aquel compromiso realizado en 1996.
Los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad, según el propio mandato de la CICIG son aquellas estructuras o grupos que “cometen acciones ilegales para afectar el pleno goce y ejercicio de los derechos civiles y políticos”, y que con ese fin estarán “vinculados directa o indirectamente con agentes del Estado, o cuentan con capacidad de generar impunidad”.
En realidad estas estructuras a lo largo del tiempo se han transformado y cada vez más son grupos con mayores niveles de complejidad, en cuanto a su organización se refiere; sin embargo y dado los últimos acontecimientos de capturas de grupos criminales vinculados a la corrupción y a la impunidad, podemos evidenciar varias características que a manera de denominador común se dan, por ejemplo, la presencia de un importante grupo de militares retirados con alta influencia, vinculación y/o poder dentro del funcionamiento del Estado guatemalteco, el caso más emblemático de esto, lo representaría Otto Pérez Molina, a los cuales se suman un grupo de empresarios, que desde la institucionalidad pública, producen su riqueza y junto a ellos toda una burocracia implicada. Estos grupos son capaces no sólo de generar actos de corrupción al amparo de la impunidad, sino también están o estarían involucrados en otras estructuras criminales tales como el narcotráfico, el tráfico de armas, personas y otros ilícitos.
Pero tal y como fuera el Frente Republicano Guatemalteco –FRG–, el Partido Patriota -PP-, verdaderos CIACS que llegaron al poder, hoy el partido de turno en el poder se vislumbra como un instrumento que pretende entronizar a otro CIACS en los tres poderes del Estado. Un partido que lleva al Organismo Ejecutivo, a una pareja presidencial acompañada por militares retirados implicados en graves violaciones a derechos humanos y, sin lugar a dudas, en otros actos ilícitos durante la guerra, son la representación de esas intenciones. Pero han logrado ir ganando terreno, al promover una Presidencia de la Corte Suprema de Justicia vinculada y/o cercana al FCN, la estocada final, está próxima a gestarse al disputar la Presidencia de la Junta Directiva del Congreso de la República, que de concretarse, no sólo tendríamos la materialización del dominio de dicha estructura en los tres poderes del Estado, sino el alineamiento de los mismos, convirtiendo de a poco, nuestra débil democracia, en una dictadura.
