Juan Antonio Fernández Gamarro
juanantonio_f@yahoo.com
En América Latina las instituciones estatales históricamente han tenido un papel crucial como factor condicionante de las realidades políticas, económicas y sociales, sin embargo, el agotamiento de los modelos impulsados por las dictaduras militares después de la Segunda Guerra Mundial y la crisis de los años 80, precipitaron a la adopción de drásticas medidas derivadas del Consenso de Washington.
Como ha sido reconocido por funcionarios internacionales, los procesos impulsados desde los organismos financieros resultantes de la Conferencia de Bretton Woods y el beneplácito de las élites nacionales, significaron que las administraciones públicas en toda América Latina adoptaran las reglas de juego del mercado, aplicaran fuertes medidas de ajuste y programas de estabilización, lo cual fue acompañado de privatizaciones, reducción del aparato estatal, abandono de las políticas de desarrollo rural, limitaciones para la banca central, legislación ad hoc a la explotación privada de los recursos estratégicos, esto es una drástica disminución en las responsabilidades sociales del Estado.
Este ensayo fue complementado con el traslado de responsabilidades en la entrega de servicios públicos hacia las empresas privadas, ONG nacionales e internacionales y prácticamente se montó un Estado que de forma descoordinada y fragmentada se dedicó a realizar compras y contrataciones. Con lo cual se perdió la capacidad de delimitar los grandes retos del país y conducirlos.
En Guatemala, la adopción de este tipo de medidas tuvo dramáticas consecuencias en las poblaciones y comunidades, tanto a nivel rural, como urbano, afectando a indígenas y mestizos, datos de PNUD y Segeplan sobre la reducción de la pobreza dan cuenta que existe una involución importante en el objetivo principal de la Declaración de los Objetivos del Milenio, dado que la pobreza se incrementó de un 18.1% en 1989, a un 23.4% en 2014-2015 y por otra parte, la proporción de personas que pertenecen a la clase media cayó de un 12% a un 9% entre el año 2000 y 2011.
Por su parte, es importante indicar que como modelo, la política social tiene como principal ámbito de acción el bienestar de la sociedad, elemento que la distingue en su esencia, una política pública de esta naturaleza enfrenta entonces el desafío de garantizar el acceso universal y gratuito a la salud, educación, trabajo o medios que garanticen ingresos dignos, elementos clave en el desarrollo sostenible de una nación.
Sin embargo, la experiencia en el país ha sido contraria, un ejemplo de ello es el plan implementado a partir de 2008 conocido como “Mi Familia Progresa”, que pretendía mejorar las condiciones de vida de 917,330 familias en pobreza de 307 municipios, particularmente mujeres embarazadas y niños menores de 15 años. Es evidente que el ejercicio en el fondo falló, puesto que los datos son contundentes, la pobreza en lugar de reducir, se incrementó.
Considero que uno de los grandes bastiones de las sociedades democráticas es su política social, implementada a partir de criterios éticos, técnicos, políticos y culturales, para ello, son necesarios el uso transparente de los recursos, la rendición de cuentas, programas que en la práctica, incentiven de forma coordinada proyectos productivos, alimentarios, de salud, educación, saneamiento y agua, en el marco de la participación efectiva de los sectores y una estrategia global de conducción y promoción del desarrollo nacional.
