Eugenio R. Fernández
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Recientemente se anunció el Convenio de “Entendimiento para la Conformación de una Mesa de Diálogo y Cooperación Público-Privada en temas aduaneros” promovido por la SAT. Sin duda un paso importante para avanzar en la lucha contra el contrabando aduanero. Felicitamos desde esta columna al Superintendente Solórzano Foppa por dicha iniciativa.
Mucho se pudiera escribir sobre el contrabando aduanero, pero no tenemos ese espacio en una columna de opinión. Lo que hay que entender es que en Guatemala, el origen, el centro y la fuerza del crimen organizado radican en el contrabando aduanero. Otro tema que se asemeja y que tiene mucha más prensa son las cárceles, pero que este problema no representa ni una fracción de lo representa para el crimen organizado el contrabando aduanero.
Todos sabemos que el Estado no tiene injerencia directa en las cárceles, sino todo lo contrario; sabemos por los hechos sangrientos recientes, como los del pasado, que quienes realmente controlan las cárceles, son grupos ilegales que, en contubernio con las autoridades de turno, hacen negocio de lo que debería ser un sistema penitenciario al servicio del pueblo de Guatemala.
Pues bien, lo mismo pasa con los puertos del país; aunque dicho tema no recibe tanta publicidad ni atención. Es importante diferenciar el tema del contrabando a secas con el de contrabando aduanero. El contrabando es todo aquello que ingresa de forma ilegal y no pasa por una aduana. Por el contrario, el contrabando aduanero es aquel que pasa por una aduana formal. En Guatemala diversos estudios establecen que el contrabando aduanero equivale al 66% del total de contrabando en el país. Es decir, que aquí la mayor parte del contrabando pasa en las narices de la SAT.
Si los dos puertos marítimos abarcan más del 53% de lo recaudado en aduanas. Pudiéramos inferir que más del 50% del contrabando aduanero ocurre entre los puertos Quetzal y Santo Tomás de Castilla. Un negocio que se acerca a los tres mil millones de quetzalitos al año.
Tratar de solucionar el problema de los puertos, es como querer solucionar el problema de las cárceles, solo que con esteroides. ¿Sabía usted que no existe una oficina de la SAT dentro de Puerto Quetzal? ¿Qué la SAT no tiene acceso a los manifiestos de los barcos? Es decir, que la institución encargada del cobro de impuestos, no sabe qué viene en cada barco y a quién va dirigido. Esto muy a pesar que en el Decreto 20-2006 le da la facultad para ello. Los puertos, como las cárceles son territorio de nadie o mejor dicho tienen dueños, pero no pertenecen al Estado de Guatemala.
Licenciado Solórzano Foppa su legado más importante para el país sería recuperar los puertos para el Estado, creemos que tiene la voluntad de entrar al tema aduanero y ahora tiene una oportunidad única. Sin tocar el tema del origen y como terminará TCQ, se espera que esta va a empezar a funcionar pronto, esto es como un borrón y cuenta nueva. La SAT debe tomar el control de estas operaciones y aplicar lo que la ley indica en el decreto 20-2006. Si lo logra, tendrá un impacto en la recaudación del año entrante.
