Juan Francisco Reyes López
jfrlguate@yahoo.com
En toda democracia, los ciudadanos y el gobierno tienen obligaciones y derechos recíprocos.
En Guatemala cada vez es más frecuente que el Estado incumpla con su obligación de servir a la ciudadanía en aspectos tan importantes como el proporcionar, en un plazo máximo de una semana, el denominado Documento de Identificación Personal (DPI).
Esto es grave, por cuanto está negando a la ciudadanía en general y en particular a los jóvenes el poderse identificar como lo establece la ley, en todas y cada una de sus gestiones.
Ningún país puede incumplir con proporcionar los documentos básicos de identidad. Cómo puede una persona, un joven que recientemente se incorpora a la vida ciudadana, identificarse si el gobierno no está en la capacidad física de entregarle el DPI que la ley establece.
Lo mismo que está sucediendo con los pasaportes, incluso empieza a decirse que puede suceder para el otorgamiento de licencias para conducir.
Si el Estado quiere que se le pague los impuestos, que se cumpla con todas las obligaciones individuales y colectivas, tiene que ser el primero en cumplirle a los ciudadanos en todo sentido, especialmente en lo que es la documentación de identidad, la emisión del pasaporte, sin lo cual, tanto a nivel interno como a nivel internacional, los guatemaltecos están desprotegidos.
Cada ciudadano al que no se le proporcione cuando lo requiera la emisión de un pasaporte, la entrega de un DPI, tiene el perfecto derecho de recurrir en amparo en contra de las autoridades del Ministerio de Gobernación, de los consulados y/o de la dependencia que proceda, lo cual complicaría innecesariamente al gobierno.
Son esos detalles los que el ciudadano individual percibe y lo hace reaccionar de forma negativa, pero procedente ante una autoridad que está incumpliendo con aspectos básicos hacia todos y cada uno de sus pobladores.
El Congreso de la República está en la obligación de citar a las autoridades respectivas y de emplazarlas, según sus respuestas, por esta ineficiencia, este incumplimiento, en la entrega de pasaportes, en la entrega de DPI. Lo mismo procede con el Procurador de los Derechos Humanos, quien no está para pasarla bien sino para salvaguardar y resguardar todos los derechos que la Constitución y las leyes prevén y garantizan a cada uno de los guatemaltecos.
La Procuraduría de Derechos Humanos es un organismo que cuenta con millones de recursos, con una enorme cantidad de personal, pero que salvo aparecer periódicamente en la prensa y en reuniones del G4, no ha logrado concretar y defender a la ciudadanía en todo y cada uno de sus derechos legales.
Igual responsabilidad tiene de velar por el cumplimiento de estos aspectos básicos de identidad el Arzobispo de Guatemala, la Conferencia Episcopal, el Rector de la Universidad de San Carlos y las autoridades de dicha universidad.
No escapa de investigar y denunciar así mismo, si fuera necesario, al Ministerio Público los aspectos citados, ante todo el DPI, ya que sin el mismo legalmente una persona no puede identificarse, no puede actuar y no puede gestionar.
¡Guatemala es primero!
