Alfonso Mata
A la vista de lo que ha sido los procesos a los funcionarios públicos, el valor y la lucidez de un juicio ¿Qué legitimidad podemos verle en su valía política y social?
Para empezar, creo que el interés que suscitaron los procesos a funcionarios públicos, tienen motivos diversos, me enfoco en dos: Muy clara es la satisfacción de comprobar que después de los latrocinios que conocemos, al menos muchos de los principales responsables van a ser castigados y otro motivo de satisfacción consiste en advertir, que el sistema judicial, ha tenido energía y acierto de diferir a esos hombres y mujeres ante un tribunal y de descubrir y mostrar sus tretas. Decisión histórica.
También se ha podido ver una reacción diferente entre algunos funcionarios, que temen que el evocar esos problemas y ponerlos ante los ojos de todo el mundo, saldrán a relucir nuevas cosas y hechos, y que existe un aumento al daño político que eso lleva, por lo que se oponen a muchos cambios.
Es evidente que para el público, la detención se justifica tanto desde lo político como de lo jurídico, y sienta principios desde el punto de vista moral, lo que no solo satisface aspectos de justicia, sino el aprendizaje a la sociedad. La idea de mostrar los casos como un procedimiento jurídico “público”; de hecho el delito tiene y reviste motivos para hacerlo, va acorde a un acto de delito público, puesto que nadie niega que estamos ante un acontecimiento criminal contra propiedad pública y ciudadana.
Lo que se nos ha mostrado y demostrado, es que esos delitos perpetuados contra los bienes de una nación, se consumaron y revisten la particularidad de tipificación en códigos y constituciones aquí como en la China y, todos ellos fueron perpetuados en nombre del Estado. Son expresión de la voluntad pública del Estado y rebasan a las personas implicadas. El Estado le falló a la ciudadanía y esa afirmación lleva a una duda ¿Será posible que el Estado se autocondene? Esa relación normativa Estado-población, aunque tipificada en la Constitución, maniata al ciudadano, pero no le quita el derecho, que al romperse esa relación, la nación no expulse no solo a los hechores sino a los consentidores, especialmente dado que en nuestro caso, estos últimos tuvieron la obligación de vigilar y controlar (Legislativo y otras dependencias tutelares del ejercicio público del Ejecutivo y Judicial). Así que sí consideramos todas esas coyunturas, cabe preguntar al igual que otros ¿Por qué no entran a juicio esas instituciones y organismos de Estado que cayeron en incumplimiento?
Lo que mantiene en zozobra a la ciudadanía es cómo va a girar el asunto del proceso y cuál va a ser el resultado de todo esto. Nuestra esperanza es que el proceso llevado hasta ahora con tanta seriedad y tantas precauciones como hemos visto, cuando se termine, los tribunales puedan concluir “hemos comprobado la realidad de los hechos en toda su amplitud, los ponemos en conocimiento del público y pronunciamos sentencia condenatoria contra culpables”.
En este proceso además del robo, mal uso y apropiación indebida que señala el derecho, los acontecimientos son y tienen repercusión contra la población, contra su desarrollo y es probable que eso haya llegado a atentar contra la vida de muchos: Un crimen contra la población. Tener y tomar conciencia de esto se vuelve muy importante. Estos delitos son y tienen una connotación de crimen contra la población, pues limitan la inversión pública en su beneficio, en el crecimiento y desarrollo de algunos de sus miembros y en la atención ante situaciones que comprometen su vida. Se trata de algo que se consumó por la voluntad del Estado, al margen de lo que hicieron algunos de sus funcionarios y, ante un crimen de tal naturaleza, viene y cabe una última pregunta: ¿Justifica eso que el pueblo rehaga su Estado? y parece que la enormidad de este acontecimiento sí se deja pasar, este país está condenando a dejar pasar sin freno la criminalidad. Los guatemaltecos abrigamos la esperanza, que los jueces procederán con apego a las normas del derecho y ajustándose a las más estricta objetividad, pues es el único modo democrático que tenemos, de reconquistar una soberanía perdida.
