Raul Molina
Cuando se firmó el Acuerdo de Paz Firme y Duradera la gran aspiración era terminar con la violencia como principal instrumento para intentar resolver los problemas del país. Se aceptó por los actores políticos del país que “paz” no era solamente la suspensión de las acciones militares sino que la superación de las causas originales del conflicto. Gracias al proceso, dichas causas se habían identificado plenamente y se asumió el compromiso de abordarlas mediante las disposiciones del Acuerdo. La violencia que abruma a nuestro país es así el gran fracaso nacional. GAM informa que la violencia homicida global cobró en agosto 16 personas diarias y que la cifra de mujeres, 75, ha aumentado en más del 20% con relación a julio. Las páginas de la prensa se llenan con noticias cada vez más impactantes en todo el país. No hay departamento que se escape al flagelo, siendo los más violentos, en su orden, Escuintla, El Progreso, Zacapa y Guatemala. Ante la brutalidad de los hechos, GAM ha introducido otra variable, la de las personas desmembradas, número que con 40 supera ya los 38 casos de todo el 2015.
El fenómeno, cuantitativamente, nos sigue perfilando como uno de los países más violentos de América Latina. Cualitativamente se destaca que la incapacidad del Estado de contrarrestar los homicidios ha incrementado la sensación de vulnerabilidad y temor de la población. Las extorsiones logran su objetivo con precedentes de personas muertas por no pagar lo exigido; las amenazas a los dirigentes populares atemorizan porque muchos de ellos y ellas han pagado con su vida su activismo social; la incertidumbre ante el transporte público empeora por hechos cotidianos en los buses; las amenazas contra médicos y paramédicos del Hospital San Juan de Dios tomaron dimensión real al ser asesinada la comunicadora de la institución; y no se pueden tomar a la ligera las amenazas de muerte formuladas en las redes sociales por un individuo homofóbico ante las críticas por sus cavernícolas opiniones sobre el cantante Juan Gabriel. Todo contribuye a la sensación de que “la vida no vale nada”, hasta el hecho reciente de dos individuos que luego de chocar sus autos se mataron mutuamente a balazos. Se entiende que hay enorme responsabilidad de las autoridades nacionales y municipales, así como que el Estado no puede seguir demostrando su impotencia; pero también la llamada “sociedad civil” debe aportar soluciones. Experiencias de otros lugares demuestra que la abyecta pobreza que padecemos es el caldo de cultivo para la proliferación de delincuencia y violencia; la iniciativa privada debe reconocer que la multiplicación de pobres se origina en la falta de empleo y oportunidades. También el Estado debe ofrecer empleo mediante la contratación de obras públicas intensivas en mano de obra; no se puede hacer ricas a unas pocas empresas constructoras cuando tanta gente padece de hambre. Y también los medios de comunicación deben identificar que su cobertura actual de los hechos de violencia contribuye a dar “protagonismo” a las y los responsables y no a combatirlos. Es tiempo ya de que Estado y sociedad nos propongamos seriamente lograr la paz social.
