Juan Antonio Mazariegos G.
En declaraciones publicadas el día de ayer por el matutino Prensa Libre, Sammy Morales, hermano del Presidente de la República, reconoció que había proporcionado a su sobrino, José Manuel Morales, una factura del restaurante Fulanos y Menganos, acto al que calificó como un favor derivado de un vínculo emocional hacia su sobrino y que provocó que ambos, tío y sobrino se encuentren hoy arraigados dentro del caso conocido como Botín del Registro de la Propiedad.
Ha efecto de tratar de entender esta declaración podemos presumir varios escenarios, por supuesto en el caso que los servicios se hayan realmente prestado y que no estemos ante un simple saqueo del erario público porque se hayan realizado cobros por servicios inexistentes: a) El Registro de la Propiedad trabajaba con personas que se encuentran al margen de la legalidad tributaria, si era necesario que el tío le consiguiera la factura al sobrino porque el proveedor carecía de facturas, simplemente la SAT también debe de actuar y determinar la legalidad y la razonabilidad de los costos e ingresos tanto del supuesto proveedor como del restaurante que se prestó para dar la factura; b) El sobrino estaba involucrado en el negocio, en cuyo caso puede presentar la factura correspondiente a la comisión que haya cobrado al proveedor, por obtener para él el contrato de abastecimiento al Registro de la Propiedad y enfrentar las consecuencias que se deriven por facilitar la factura para el cobro de un servicio inexistente del restaurante; o c) A raíz del caso que nos ocupa se ha hecho público que el restaurante en cuestión ha recibido contratos con el Estado por más de 16 millones de quetzales, ¿es acaso posible que la entidad haya facturado con anterioridad de igual manera otros servicios, ficticios o prestados por terceros? Sin duda algo que no puede quedar de lado en la investigación es la auditoría pertinente en contra de la sociedad que opera el restaurante a efecto de determinar a qué entidades estatales le ha brindado servicios, en que ha consistido, como se ha cumplido y como se ha declarado al fisco, tanto la adquisición de los insumos para prestar los servicios como también el correcto pago de los impuestos derivados de la realización de cada evento.
Resulta indispensable que el caso se aclare y se deduzcan responsabilidades por los hechos, se encuentra involucrada la familia más cercana al Presidente aunque no se debe de perder la perspectiva de que estos eventos no ocurrieron durante el actual Gobierno, ni la actual administración del Registro de la Propiedad, el Presidente no tiene más responsabilidad que la de cualquier otro padre, la de haber educado y guiado a su hijo para conducirse de manera correcta y eso es algo que aún está por determinarse.
