Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Si Guatemala hubiera invertido siquiera un pequeño porcentaje del dinero que desde tiempos de Lucas viene entregando a los dueños de los buses en concepto de subsidio, seguramente a estas alturas podríamos tener un sistema rápido y seguro de transporte colectivo en vez de lo que hay, incluyendo el Transmetro, que moviliza a muchísimas personas pero sin la eficiencia de métodos mucho más masivos que operan con precisión en otros lugares del mundo.
Inicialmente, cuando Lucas decretó el subsidio, se exigía a los transportistas que acreditaran de manera más precisa el trabajo que había desempeñado cada una de sus unidades y de esa manera se les liquidaba el aporte gubernamental destinado a mantener el precio del pasaje para beneficio de los usuarios. Nunca se cumplió, sin embargo, con la contraparte de mejorar la calidad del servicio y de renovar el equipo rodante, puesto que los buses eran auténticas chatarras, pero corrían aún los tiempos en los que había inspectores municipales que certificaban que el bus había circulado y los pilotos recibían un sueldo, no como después cuando se les dejó que se hicieran su sueldo con el pago de los pasajeros porque al transportista lo que realmente le dejaba satisfecho era el subsidio que fue creciendo desmesuradamente.
Los políticos fueron viendo que los transportistas eran una pieza clave para sus proyectos electorales y pactaron con ellos para actuar en las elecciones. Si el área urbana era fuerte para el candidato con el que pactaban, los buses prestaban servicio masivamente en forma gratuita, mientras que cuando el candidato era débil en el área metropolitana, se notaba que no había buses prestando servicio el día de las elecciones para afectar a los que pudieran recoger abundantes votos.
El pago por ese peculiar “servicio” fue el incremento constante del subsidio sin control, entregado a tontas y locas como un pago político más que como un verdadero subsidio al usuario. Nunca se pensó en otro sistema de subsidio porque era importante contar con el apoyo de los transportistas (como con los salubristas y maestros) y de esa cuenta el arca abierta llenó bolsillos a cuenta de los contribuyentes.
Los colmos fueron el proyecto de los buses rojos, bautizados como Tomates, que endeudaron al municipio, y el Transurbano que endeudó al país para enriquecer, en ambos casos, a políticos y transportistas que se repartieron millones.
Guatemala podría tener un buen sistema de metro, subterráneo y de superficie, si hubiéramos invertido en transporte en vez de regalar el pisto a los dueños de buses. Tendríamos un sistema eficiente en vez de ese remedo concesionado a un sector privado tanto o más corrupto que el Estado.
La corrupción no es patrimonio ni sinónimo de lo público porque está demostrado que aquí el sector privado que financia campañas electorales ha sido el gran cooptador del Estado y parte de la corrupción. Para que exista soborno y coima tiene que haber dos partes en la jugada y una es pública y otra privada. Pero el sistema de transporte en Guatemala es, en teoría, privado pero financiado con el dinero público en una jugada mañosa que nos ha costado un ojo y la mitad del otro.
