Francisco Cáceres Barrios
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Creo que todo empezó cuando los constituyentes de 1985 aprobaron el Artículo 161 de la Constitución. Para mí que se les fue la mano dándole tantas e inmerecidas prerrogativas a los diputados. Se les concedió como garantía para el ejercicio de sus funciones la calidad de ser dignatarios de la nación; inmunidad personal para no ser detenidos ni juzgados; irresponsabilidad por sus opiniones, por su iniciativa y por la manera de tratar los negocios públicos y además, que todas las dependencias del Estado debieran rendirles pleitesía. Por lo anterior, es que hoy los contribuyentes estemos en trapos de cucaracha y sigamos sufragando gastos que solo han servido para aumentar en grado sumo los mismos, la impunidad y la corrupción estatal que nos caracteriza.
Para muestra baste el botón que los diputados se autorizan a sí mismos su presupuesto de gastos, importándoles un pepino si hay suficientes recursos para sufragarlos, agregándole que en Guatemala se desconoce el término prioridad para aquellas erogaciones de mucho mayor importancia como la salud y la educación pública, solo para citar un par de ejemplos. En los últimos tiempos este monstruo de mil cabezas dispuso que, dentro de la sucia politiquería instaurada en el país para dirigir los destinos de la nación, fuera conveniente repartir plazas, huesos o chambas, como usted prefiera llamarlas, aunque fueran inútiles para el mejor funcionamiento del Organismo Legislativo. De esa cuenta, hay más de 3 mil puestos de trabajo para 157 diputados, es decir, más de diecinueve por cada legislador, sin que por lógica consecuencia los ciudadanos pudiéramos apreciar un trabajo productivo y eficiente.
Pero romper la festiva piñata de este monstruo no solo nos cuesta a los contribuyentes muchos millones de quetzales que emplean mensualmente para cubrir nóminas exorbitantes, sino que siguen erosionando los recursos tan necesarios para mejorar, por ejemplo, las expectativas de vida de tantos miles de niños que anualmente mueren por desnutrición. ¿Qué decir de haber pagado recientemente más de Q4 millones para indemnizaciones y reinstalaciones de un personal que no es, ni será indispensable para el mejor funcionamiento de ese organismo?
Aunque comparto el criterio del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) para que antes de modificar la Constitución debieran plantearse otras alternativas, como la de enfocarse primero en las leyes ordinarias, por más que me devano los sesos pensando en qué hacer para acabar con el desmadre ocasionado por haber creado ese monstruo de mil cabezas llamado Congreso, tengo que reconocer la urgencia de cambiar dicha legislación que sigue permitiendo la burla de que somos objeto de parte de quienes dicen ser nuestros representantes. ¿Nuestra pasividad o indiferencia lo va a seguir permitiendo?
