Luis Enrique Pérez
El Organismo Ejecutivo ha propuesto un presupuesto general de gasto del Estado durante el año 2017, que equivale a 80,000 millones de quetzales, o casi 12% más que el presupuesto de gasto durante el presente año. Supuestamente los impuestos aportarán, durante el próximo año, 58,000 millones de quetzales.
Hay, entonces, en el proyecto de presupuesto fiscal del año 2017, un déficit fiscal de 22,000 millones de quetzales. Este déficit se pagaría con más deuda pública, obtenida de Bonos del Tesoro y de préstamos que presuntamente otorgaría el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Cifras preliminares me sugieren que la deuda pública se incrementaría hasta casi 155,000 millones de quetzales.
El proyecto de presupuesto me parece terrorífico, por varios motivos. El primero sería crear un déficit fiscal de casi 25% del presupuesto total. El segundo sería crear un déficit fiscal de por lo menos 35% con respecto a la cantidad de recursos que se obtendrían de los impuestos. El tercero sería un incremento de la deuda pública de por lo menos 15%. El cuarto sería la presión que un déficit fiscal de tal magnitud puede ejercer para incrementar el valor de los impuestos vigentes, o para crear nuevos impuestos. El quinto sería el incremento de la oferta de recursos para satisfacer la persistente y hasta expansiva demanda de recursos públicos para enriquecimiento ilícito, o para licencioso gasto, o para absurda multiplicación de la burocracia estatal. El sexto sería la cuantiosa asignación de recursos públicos para financiar delictivos pactos entre autoridad gubernamental y sindicatos. El séptimo sería el misterioso destino final de los recursos fiscales adicionales.
El octavo motivo es que, si se aprobara el proyecto de presupuesto que el Organismo Ejecutivo ha propuesto, progresaríamos exitosamente hacia un futuro colapso financiero gubernamental, que provocaría impredecibles efectos destructivos en la economía de la nación. Precisamente un exceso de gasto público, conexo con una creciente deuda pública, y una proporción igualmente creciente del presupuesto fiscal para pagarla, y luego la dificultad o la imposibilidad de pagarla, han sido causa del colapso financiero de algunos países europeos.
Hubiérase esperado de un Organismo Ejecutivo sensato no proponer un aumento del gasto fiscal, sino por lo menos detener tal aumento, y actuar para reducir ese gasto, con tres acciones primarias. La primera consistiría en aumentar el número de personas jurídicas o no jurídicas, que pagan impuestos; número del cual puede conjeturarse que es extraordinariamente mayor que el número de las personas jurídicas o no jurídicas que pagan impuestos. En nuestro país, eludir el pago de impuestos es tan simple, como complejo es pagarlos.
La segunda acción sería reducir el gasto del Organismo Ejecutivo; y hay mil, diez mil o cien mil modos de reducirlo. Por ejemplo, deberían ser vendidos, en subasta pública, todos los vehículos motorizados que usan los funcionarios públicos, quienes tendrían que usar su propio vehículo, o renunciar. El Organismo Ejecutivo podría, entonces, ahorrar millones de quetzales anualmente en pagar el combustible que consumen esos vehículos, y asignar los recursos ahorrados, por ejemplo, para brindar seguridad pública.
La tercera acción sería, hasta el grado en que un esfuerzo efectivamente diligente puede lograrlo, reducir la corrupción. Esta reducción podría aportar al tesoro público, millones de quetzales anualmente. Un comienzo consistiría en un impuesto o un arancel único de importación; lo que, evidentemente, evitaría, o por lo menos reduciría, la oportunidad de que los funcionarios aduanales arrebataran recursos que debían incrementar el tesoro público. Quizá, entonces, nadie ambicionaría ser Intendente de Aduanas, o Superintendente de Administración Tributaria.
Post scriptum. El Organismo Ejecutivo puede proponer un presupuesto fiscal que demanda infinitos recursos; pero compete a los diputados, y solo a ellos, aprobar tal presupuesto.
