Javier Monterroso
Sin lugar a dudas el Congreso de la República ha sido el organismo del Estado que mejor actuación ha tenido este año, no solamente porque se han llevado a cabo importantes reformas en los temas de contratación de personal, salarios, y mejorar de las capacidades internas de apoyo a los diputados, sino que además ha logrado importantes avances en la agenda legislativa tales como las reformas a la Ley Orgánica del Congreso, reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, un nuevo Código Migratorio, entre otras.
Sin embargo es importante que los diputados y el presidente del Congreso Mario Taracena reflexionen en cuanto a que las leyes no deben ser aprobadas a la carrera sino que deben ser suficientemente discutidas y debatidas antes de su aprobación y que no pueden apresurar la aprobación de leyes sin escuchar a la sociedad civil guatemalteca que tiene mucho que decir sobre las propuestas legislativas.
Algunos ejemplos de leyes aprobadas a la carrera fueron las reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público y las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, en el primer caso en la prisa por garantizar que el Presidente no pudiera destituir a la actual Fiscal se aprobó una norma que prácticamente hace imposible destituir a cualquier Fiscal General aunque cometa un delito. Pero el caso más lamentable fueron las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado pues según los entes encargados de ejecutar el gasto público han hecho prácticamente imposible ejecutar los fondos y tienen al Estado en todos los niveles prácticamente paralizado.
Hace unas semanas el Congreso nuevamente estuvo a punto de cometer un terrible error por apresurarse en aprobar leyes propuestas por actores externos, esto casi sucede cuando dispensaron de dictamen y aprobaron en primera lectura la propuesta de ley de Aceptación de Cargos en Materia Penal que conlleva un cambio radical en el procedimiento penal y beneficios indebidos para los delincuentes, afortunadamente se escucharon las voces de las organizaciones de sociedad civil y se retiró de la agenda dicha propuesta.
Nuevamente el Congreso podría cometer un grave error si aprueba la propuesta de reformas al decreto 40-2010, Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, estas reformas tal y como se encuentran redactadas actualmente en vez de mejorar el pésimo trabajo de la Oficina de Prevención de la Tortura provocarían su inmovilización absoluta y la politizarían aún más, en ese sentido la propuesta tanto de las organizaciones de la sociedad civil como del Procurador de los Derechos Humanos no es que modifiquen la ley, sino que destituyan a los actuales relatores y convoquen a una nueva elección lo antes posible.
