El gobierno ha presentado el proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación para el año 2017 con un sustancial incremento que, tomando en cuenta las necesidades sociales del país puede no ser exagerado, pero sobre la base de la forma en que se gasta el recurso, es dar más para la corrupción.
Hay que recordar que el mismo Morales afirmó hace algunas semanas que él ha tenido que decidir entre ejecutar o evitar la corrupción, dando el mensaje claro de que no puede hacer ambas cosas como tendría que suceder siempre.
Las formas de ejecutar el gasto en Guatemala fueron transformándose para encontrar siempre un sistema que evada los métodos de control, agilice los “negocios” y no detenga la “dinámica de inversión” que tanto cacarean los beneficiarios de los contratos y concesiones estatales.
Pero lo que tenemos que entender es que de nada sirve seguir inflando un presupuesto si no somos capaces de ejecutarlo, primero, con transparencia y, segundo, con la eficiencia que las necesidades del país demandan.
Porque si el incremento en la plata va a ser para pagar a los cooptadores, comprar carros nuevos a los ministros, pagar las estructuras de seguimiento a opositores, maestros de Facebook o los viajes que con todos los lujos (excepto primera clase) se dan el Presidente y sus funcionarios, es indudable que nunca alcanzará lo recaudado.
Y es aquí donde caemos en el pecado de no tener ni idea de los planes del gobierno. Porque Morales y su partido fueron electos sin mandato. Ellos nunca hicieron pública una sola política que fuera a ser base de transformación de una Guatemala que está condenada a sobrevivir por la pobreza y la violencia que nos acosan.
Pero lo peor de todo es que tras casi nueve meses de ejercicio del poder, el desconocimiento de la situación sigue siendo igual y la página con las medidas radicales de transformación está igual: en blanco.
En el ciclo actual, la recaudación ha tenido un repunte ya que, por las malas, muchas empresas han dejado de pelear o retardar pagos por el temor de que la ley sea aplicada y se les obligue a la cancelación del adeudo, junto con sus multas, y a acciones penales en contra de los titulares de las empresas.
Revisar calidad de gasto y capacidad de ejecución es necesario. No es esta una excusa para no realizar una reforma fiscal, sino que es una forma de evaluación de funcionarios que no tienen ni la idea de cómo invertir los fondos de su cartera en un país con tantas necesidades.
