Claudia Escobar. PhD.
claudiaescobarm@alumni.harvard.edu
El primer aniversario de la renuncia de Otto Pérez Molina como Presidente de la República después de que el Congreso le retirara su inmunidad, coincide con otra renuncia emblemática: la del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Douglas René Charchal Ramos, quien el día viernes 2 de septiembre hizo pública su dimisión ante el juez Miguel Ángel Gálvez.
El magistrado es señalado de ser partícipe en el caso de corrupción conocido como Terminal de Contenedores Quetzal -TCQ-, en el que dicho sea de paso también están involucrados Otto Pérez Molina y sus más cercanos colaboradores, incluyendo a Roxana Baldetti, su yerno Gustavo Martínez y el ex Procurador General Vladimir Aguilar Guerra, quien posteriormente fue electo magistrado.
Charchal no es el primer magistrado de la Corte Suprema que renuncia a su cargo; ya anteriormente lo había hecho Vladimir Aguilar Guerra, cuando la Corte Suprema aceptó dar trámite al antejuicio planteado en su contra por la CICIG y el Ministerio Público, también por su vinculación en el caso de TCQ. Pero Charchal Ramos sí es el primero que es enviado a prisión y esto es un hecho sin precedentes.
Nunca antes en la historia de nuestro país un Juez de Instancia había enviado a la cárcel a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia; con asombro hemos visto que al honorable juez Miguel Ángel Gálvez no le tembló la mano cuando ordenó que Douglas Charchal debía ser enviado a prisión preventiva por encontrar suficientes indicios de su participación en los delitos que se le imputan.
A Charchal se le acusa de asociación ilícita y tráfico de influencias para favorecer a TCQ en procesos judiciales. En conferencia de prensa, el Comisionado Iván Velásquez, junto a la fiscal General Thelma Aldana explicaron al detalle, cómo este señor siendo magistrado, utilizó sus influencias de manera indebida, para favorecer la impunidad.
Difícil tarea le ha correspondido al juez Gálvez de juzgar a los poderosos, todos sabemos que en un país marcado por la violencia no es fácil enfrentarse a quienes han ostentado el poder y carecen de escrúpulos. Pero él ha vencido sus miedos, y con determinación ha enfrentado las amenazas de que ha sido objeto para defender la independencia judicial y fallar según su conciencia. Las resoluciones que valientemente ha dictado en los últimos meses marcan un antes y un después en nuestro país.
El que dos magistrados de la Corte Suprema estén vinculados a hechos ilícitos en el caso de TCQ ejemplifica cómo los grupos de influencia usan a los jueces y magistrados para inclinar la balanza de la justicia a su favor. Pero también demuestra cómo en nuestro sistema son los abogados dispuestos a negociar con la justicia los que llegan al poder. Mientras no existan garantías para la independencia judicial, esta será una práctica difícil de erradicar.
El Comisionado Iván Velásquez ha manifestado en diversas oportunidades que: “La lucha contra la impunidad solo puede ganarse si todas las instituciones del sistema de justicia tienen la capacidad suficiente para enfrentar la gran corrupción e impunidad que existe en el país…”
Por eso es importante unir esfuerzos para fortalecer las instituciones de justicia. Hay que lograr que exista una verdadera separación de poderes y garantizar a los jueces independencia judicial, para empezar debemos lograr que los cargos de magistrados no dependan de la voluntad política, ni de ningún otro grupo de influencia, lo que requiere de un cambio constitucional.
