Gladys Monterroso
licgla@yahoo.es

“Si el vaso no está limpio, lo que en él derrames se corromperá.”
Horacio

En el país, uno de los grandes problemas que hemos afrontado por siempre los ciudadanos, entre otros muchos y variados, es el transporte mal llamado público, ya que es una burla llamarle así, no es público porque es prestado por particulares, cuyo único fin es el lucro, lucro este, que en infinidad de casos tiene un tufo a corrupción que se ha vuelto insoportable e insostenible.

De lo anteriormente expuesto surgen varias dudas, que plasmo a continuación:
1 Porque la SAT no ha fiscalizado el pago de los impuestos de las empresas, que adicional a recibir un beneficio estatal (subsidio) cobran a los usuarios de los “servicios” que prestan, cualquier cantidad de dinero, dependiendo del lugar y la hora, cabe recordar que los dueños de las camionetas exigen a los choferes, una cantidad de ingresos diarios o semanal, en la que no media factura de por medio, a su vez lo choferes tienen que pagar la extorsión, que es semanal, diésel, ayudante, y el peligro de su propia vida, por lo que, dependiendo de la hora y el lugar, el chofer discrecionalmente cobra al usuario, dos, cinco o diez quetzales, por el “servicio de transporte público”, sin entregar ticket, factura, o cualquier otro medio de control del servicio, y un comprobante para el usuario, ya que si la asociación estuviera exonerada del cobro del IVA, tendría la obligación de entregar recibos autorizados por la SAT, ya fueron exonerados por medio del Decreto 21-2010, del pago del IVA y aranceles del ingreso al país de vehículos y otros productos e insumos.
2 Durante años se ha sufrido el problema del transporte, mismos que cuando se encontraban semicontrolados, solicitaban autorización para el aumento del precio del transporte, argumentando siempre las mismas falacias, como por ejemplo, que mejorarían el servicio, sin embargo, poco ha evolucionado el mismo, sin asientos, sucios, informales e inseguros, adicional al cobro arbitrario, y aún piden más por poco, por lo que el deterioro del mismo es más que evidente para quienes viven en la periferia de la ciudad, eso que no mencionamos el transporte extraurbano, más deficiente aún, si se puede.

3) En relación al problema del transporte urbano, el gobierno Torres-Colom junto con el eterno inquilino del Palacio de la Loba, llegaron a un acuerdo, muy conveniente por cierto, por medio del cual se sobrevaloró, según algunos medios, la compra de cada bus en casi doscientos cincuenta mil quetzales, los Torres Colom, por medio del Acuerdo Gubernativo 103-2009 autorizaron (firmado solamente por él naturalmente) en condición de aporte, la nada despreciable cantidad de US$35 millones a favor de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) con el objetivo de financiar la implementación del sistema prepago en las unidades del transporte urbano de la ciudad capital, estuvieron durante mucho tiempo vendiendo las tarjetas, pero mucho ojo, el poseedor de la tarjeta debía dejar fotocopia de su DPI, dirección número de teléfono, y otros datos más, el objetivo final era muy claro, que los Torres-Colom se perpetuaran en el Ejecutivo, pero la CC, en una resolución apegada a Derecho, pero ante todo ética y moral, dijo no, y el negocio quedó como un acto de corrupción más, al que aún las autoridades correspondientes, no han querido investigar y realizar las acciones correspondientes.
El transporte urbano, y extraurbano, sigue siendo un problema económico, social y político, y una carga para la población, ya que valiéndose de diversos subterfugios, tanto autoridades como los dueños de las camionetas, se han enriquecido a costa de sangrar aún más si se puede, el bolsillo del ciudadano de a pie, ese que con sus impuestos (porque el IVA lo pagamos todos) contribuye al Estado, sin que el mismo le devuelva por lo menos lo mínimo, y el transporte es otra asignatura pendiente.

Artículo anteriorCapturan a mujer con arma de fuego en el Hospital San Juan de Dios
Artículo siguienteEl marketing comercial y su aplicación en la política