Dr. Luis Fernando Cordón Morales
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Es cierto que son los requerimientos generales de la colectividad los que justifican la creación, imposición, recolección, administración y ejecución de los recursos públicos de los Estados, quienes buscan la satisfacción de dichas exigencias. Guatemala está sumida en un cúmulo de necesidades públicas por el fiasco conocido de sus gobiernos municipales y central y los demás males de los otros poderes del Estado; siendo entonces insuficientes los recursos existentes para que active la forma en que responderá a dichas reclamaciones, con la intención de lograr satisfacerlas o atemperarlas.
También es un hecho que pagando los tributos en la forma, modo y tiempo prevista en las leyes tributarias que el obligado tributario generador de riqueza, poseedor de patrimonio y consumidor en Guatemala cumple material y formalmente con el deber cívico constitucional de contribuir a los gastos públicos.
Para algunos de los autollamados expertos de las finanzas públicas, con más pena que gloría en su paso por el MFP y la SAT y que se rasgan las vestiduras porque consideran inaceptable el argumento de los distintos sectores proveedores de recursos derivados del Estado, cuando rechazan cualquier aumento de tributos alegando indebido manejo del gasto público, porque afirman que una cosa es como se gastan los ingresos estatales y otra la obligación de pagar tributos; sin embargo, en la realidad “incoherente para ellos”, las razones expresadas en los distintos medios, foros y conversatorios por las que hoy por hoy existe oposición generalizada a cualquier propuesta tributaria tendiente a dotar de más ingresos al Estado, radican principalmente en las siguientes: 1) que la población percibe poca transparencia en el gasto público, por la tendencia a la compra directa, sobrevaloración, derroche y banalidad; 2) por el desatino en el nombramiento de funcionarios públicos, donde se ha privilegiado el compadrazgo, los vínculos familiares y el chantaje para salvar consecuencias judiciales o limitaciones para viajar al exterior, desvalorizando la preparación, capacidad, experiencia y carrera administrativa; 3) por la persistencia de los pactos colectivos leoninos y la incertidumbre sobre la cantidad real de plazas en el Estado; 4) por la falta de políticas públicas claras y el exceso de improvisación; 5) por el divorcio constante del Ejecutivo con el sector contribuyente del 80% de la recaudación fiscal y la impopularidad acumulada por los Mandatarios; y, 6) porque los contribuyentes exigen que previamente exista una verdadera reforma pero “fiscal” que minimice los privilegios fiscales para quienes tienen capacidad contributiva, tendiente a aumentar la base tributaria para que sean más los que contribuyan con tributos y se combata severamente el contrabando aduanero y la defraudación tributaria y aduanera que soslayan el ingreso de los principales impuestos que soportan la recaudación tributaria.
Con lo anterior, el ejecutivo está condenando su ingreso no ordinario, mientras dure, a los pagos en sustitución de intervenciones por orden judicial de los integrantes del WikiSAT 2012, que se presume la intensión fraudulenta de compra de facturas en menoscabo de la recaudación tributaria, y que es la única actividad que le interesa a la SAT porque la hace visible de forma mediática.
