Jorge Mario Andrino Grotewold.
• @jmag2010
Sin un servicio civil profesional, dedicado, eficiente, honesto y con mística de servicio, la burocracia de cualquier país se convierte en una gran herramienta para la corrupción, la decepción de los ciudadanos y el incumplimiento de los principales servicios básicos y administrativos del Estado.
Es la propia Asamblea Constituyente la que incluye desde 1985, ante el temor del pasado de la injerencia de poderes públicos y evitar el control político entre entidades del Estado, que provoca un gran desorden al permitir una diversidad de servicios civiles en el país, uno por cada Organismo de Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), uno para las municipalidades y en específico para las entidades descentralizadas que cuenten con régimen propio. De esa forma, la ley original de 1968 ya no se respeta ni se puede cumplir, especialmente porque sus preceptos están desactualizados y han sido superados por normas de servicio civil específicas, pactos colectivos y jurisprudencia laboral.
Por ello, no sorprenden las declaraciones del Vicepresidente al intentar justificar ciertas plazas y asignaciones dentro de la Cancillería, otro de los regímenes protegidos y especiales para el Estado, que no sólo requiere de un personal con perfil específico sino, además, de una experiencia sumamente importante para representar los intereses y defender los derechos de l@s guatemaltec@s en el extranjero. Pero esto no es novedad, y si se investigan a los gobiernos anteriores, se podrá determinar que cada presidente, vicepresidente y ministros lo han hecho de esa forma: ilegal e incorrectamente.
Alguna parte de la burocracia del Estado se ha ganado las malas caras de los ciudadanos al constatar que no llenan perfiles para brindar los servicios públicos, lo que da como resultado no hacer bien su trabajo. La ciudadanía que ve como desde maestros, policías o personal administrativo no tienen una verdadera consciencia sobre lo que significa su función pública, claro está, con honrosas excepciones.
Pero cada servidor público, empleado o funcionario, que siga los parámetros de una carrera administrativa, sin injerencia política, y bajo preceptos de mérito, capacitación, profesionalización y evaluación de su desempeño, podrá sentirse orgulloso de ejercer la función pública, sin pensar en sindicatos, pactos colectivos o ineficiencias en su puesto.
Pero el Estado debe hacer su parte también, actualizando las normas legales a nuevas etapas, despolitizando los procesos de selección, ascenso o remuneración, dotando a los servidores públicos de un salario justo y en condiciones de trabajo decente. Sin ello, Guatemala tiene poca esperanza de contar con un Estado fortalecido y dispuesto a luchar por sus ciudadanos. Si es posible lograrlo, pero se necesita voluntad y decisión política.
