Factor Méndez Doninelli

Bien se puede decir, que Guatemala es un país de sorpresas y de virajes inesperados. Aquí ocurre lo que hasta hace pocos años era impensable. Por primera vez en la historia judicial, vemos con satisfacción resultados en la lucha contra la impunidad, la corrupción y por el fortalecimiento de la administración de Justicia. Los ciudadanos percibimos avances importantes a partir de la actuación de Fiscales, Magistrados y Jueces, quienes en mayoría, cumplen bien su trabajo, aplican la Ley apegados a Derecho, son transparentes y resuelven con independencia e imparcialidad.

El resultado efectivo de las investigaciones, la recolección profesional de evidencias acumulando medios científicos de prueba e identificando testigos, permite construir casos sólidos, sustentados con pruebas irrefutables, así son todos los que hasta este momento se desarrollan en Juzgados de Alto Impacto, que conocen juicios contra el expresidente y la exvicepresidenta, exministros, jueces, magistrados, exalcaldes, militares retirados, diputados, empresarios, políticos y exfuncionarios públicos, sin excepción, todos están cayendo como moscas en miel por su participación en actos de corrupción.

Hasta ahora, la acción profesional del Ministerio Público, MP, y la Policía Nacional Civil, PNC, ha sido eficiente, pero cuando se ordenan allanamientos, no todo es satisfactorio, como el caso de plazas fantasma en el Congreso Nacional; el Juzgado respectivo ordenó capturas, una contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Armando Rabbé Tejeda, quien por filtración de información, fue advertido de su inminente captura, entonces decidió huir del país y se supone se encuentra en Nicaragua protegido por autoridades de esa República centroamericana.

En este asunto, es evidente que hubo fuga de información, ¿De dónde?, ¿Quién es responsable? Hay que averiguarlo. En relación a esto, recientemente, la magistrada Silvia García, Vocal IX de la Corte Suprema de Justicia, expresó en un medio radial, que la fuga de información era una posibilidad. Lo cierto es que ahora Rabbé es un delincuente prófugo, gracias a que alguien le informó a tiempo para que pudiera abandonar el país y refugiarse en otro, alegando persecución política. ¡Vaya cinismo!

Por el mismo caso, a solicitud del Ministerio Público, el Juzgado Décimo Penal decretó arraigo contra otros cinco diputados. Lo insólito está sucediendo en Guatemala.

También exaltos mandos militares están sujetos a proceso, sindicados de crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno.

Y la cuenta sigue aumentando, esta semana estalló otro escándalo de corrupción, esta vez en el Registro General de la Propiedad, donde los investigadores encontraron evidencias de presuntas anomalías en la contratación de personal. Por este señalamiento, el Juez pesquisidor ordenó la captura y prisión preventiva de Anabella de León, exregistradora, señalada de autorizar la existencia de plazas fantasma y otros ilícitos. Por la misma acusación, fueron capturadas otras personas, cercanas colaboradoras de la licenciada De León.

Todo esto que estamos presenciando, vuelvo y repito, es insólito. Primera vez en la historia judicial, que conforme el debido proceso, se captura, detiene en prisión preventiva y se juzga en los órganos jurisdiccionales a altos dignatarios y militares de un país, por asuntos que tienen que ver con corrupción e impunidad. La Justicia está llevando ante la Ley a los ladrones, que robaron millones de quetzales de fondos públicos y a los violadores de Derechos Humanos. La justicia está sumando.

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