Luis Enrique Pérez
El Presidente de la República puede proponer un número infinito de impuestos, y un valor ilimitado de cada impuesto; pero solo los diputados pueden decretar impuestos. Solo ellos pueden decretarlos, porque constituyen el Congreso de la República, que es el Organismo Legislativo del Estado, y ocurre que decretar impuestos es un acto legislativo.
Actualmente el Presidente de la República, Jimmy Morales, intenta proponer un aumento de impuestos; por ejemplo, un aumento del impuesto sobre la renta, un aumento del impuesto sobre el consumo de combustibles derivados del petróleo, un aumento del impuesto sobre el consumo de cemento, y quizá un aumento del impuesto sobre la contemplación de las estrellas, o sobre la fabricación de adobes, o sobre la tenencia de liebres.
Algunos ciudadanos han comenzado a protestar por ese intento; pero tal protesta es inútil, precisamente porque solo los diputados pueden decretar nuevos impuestos. Sería útil una protesta cuyo propósito fuera evitar que los diputados aprueben los nuevos impuestos que el presidente Morales proponga. Si los diputados los aprueban, el presidente Morales podrá argumentar que su delito fue proponer más impuestos; pero que el delito mayor, es decir, aprobarlos, fue cometido por los diputados. Políticamente, entonces, los diputados serían culpables, y el presidente Morales sería inocente.
Opino que proponer un aumento de impuestos es uno de los peores errores que ha cometido el presidente Morales durante sus primeros siete meses de gobierno. Es un error que muestra, con dramática evidencia, que él ignora, con asombrosa profundidad, que si hay un momento en que un aumento de impuestos exhibiría, con absurda presunción, su poder destructivo, es precisamente el momento actual.
Es un momento de indicios de que la economía del país cautelosamente prefiere detenerse; o es un momento de riesgo de que el capital, es decir, los recursos que pueden ser invertidos para incrementar la producción y crear nuevas oportunidades de trabajo, están dispuestos a emigrar; o es un momento de intensificada tortura de la economía familiar; o es un momento de demostración, mediante espectaculares procesos judiciales, de que una administración honrada del tesoro público suministraría suficientes recursos públicos y hasta recursos excedentes.
Proponer un aumento de impuestos es uno de los peores errores del presidente Morales; pero aprobarlos sería un error todavía peor de los diputados. Y si aprobar un aumento de impuestos es un acto que, particularmente en este momento, atentaría, con descomunal poder destructivo, contra la economía del pueblo de Guatemala, los autores del atentado serían los diputados. El presidente Morales no podría ser acusado de participar en el atentado, precisamente porque él únicamente puede proponer, pero nunca aprobar, un aumento de impuestos.
Los diputados no deben aprobar un aumento de impuestos; pero no, por ejemplo, porque multiplicarían la pérdida de prestigio, en el supuesto de que todavía tienen algún prestigio que por lo menos deben conservar. No deben aprobar un aumento de impuestos porque contribuirían a incrementar la destrucción de la economía de cada ciudadano, o de cada familia, o de cada empresa; y finalmente, la destrucción de la economía del país.
No aludimos a ficciones. Por ejemplo, el aumento del impuesto sobre la renta reduciría los recursos de que pueden disponer los ciudadanos para ahorrar, consumir o invertir. El impuesto sobre el consumo de combustible incrementaría el costo de transportarse en vehículos que usan combustibles derivados del petróleo. El impuesto sobre el consumo de cemento incrementaría el costo de construir casas. Por supuesto, entre los impuestos aumentados habría una interacción que multiplicaría impredeciblemente el costo de la actividad económica. Por ejemplo, un aumento del impuesto sobre el consumo de combustible provocaría un incremento del costo de transporte de mercancías, como el cemento, cuyo costo, entonces, aumentaría no solo por un mayor impuesto, sino también por un mayor costo de transporte.
Post scriptum. Los diputados, y nadie más, serían los responsables de cometer el delito de aumentar los impuestos.
