Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Hoy publicamos una interesante entrevista con el abogado Carlos Molina Mencos con relación a los apuntes que el profesional del derecho fue haciendo a lo largo del tiempo con relación al negocio que entregó millones a los dueños del transporte colectivo de la ciudad de Guatemala, mediante el procedimiento de inventar una figura jurídica no existente en ninguna parte de nuestro ordenamiento legal, que ellos llamaron “aporte económico de inversión” y que simple y llanamente fue el traslado de hasta 35 millones de dólares a los transportistas para la implementación de sus propios planes sin el menor control o fiscalización.
Los transportistas habían sido una pieza importante en la elección que ganó Álvaro Colom porque formaron parte del esfuerzo de movilización masiva para asegurar votos. El premio fue el ingenioso esfuerzo del entonces ministro de Finanzas Públicas, Juan Alberto Fuentes, para encontrar una figura de apariencia legal para canalizar debidamente la orden que recibió no del Presidente, que era un cero a la izquierda en su propio gobierno, sino de la entonces Primera Dama, Sandra Torres, quien llevó a cabo las negociaciones con el entonces vicepresidente de la Asociación de Autobuseros, Luis Gómez, sin que ninguno de los dos terminara figurando a la hora de formalizar la operación.
El acuerdo presidencial en consejo de ministros fue firmado por Colom y todo su gabinete, puesto que la entonces señora de Colom era como Melgar Padilla, es decir, funcionarios con gran poder pero sin nombramiento que les hiciera responsables de nada. Y el convenio final fue firmado por el Ministro de Finanzas, Fuentes Knight y por el presidente de la Asociación, Rudy Maldonado, porque quien negoció todo el asunto, el vicepresidente Gómez, no fue tan baboso como para asumir la responsabilidad aunque todos los transportistas sabían quién realmente mandaba en la Asociación y quién tenía el trato directo con la esposa de Colom.
Creo que se trata de una entrevista muy importante que debe ser leída detenidamente por los lectores porque evidencia la forma en que se manosea la ley en materia de ejecución de actos corruptos que siguen impunes. Según la ley, todos los miembros del gabinete son personalmente responsables por los acuerdos que firman, salvo en el caso de que hayan razonado su voto en contra, lo que no ocurrió con el acuerdo que dio vida a ese convenio de “aporte económico de inversión” que igualmente pudo ser bautizado como “mecanismo para huevearse 25 millones de dólares” porque el mismo efecto legal hubiera tenido un título u otro.
Y eso lo sabían todos y era tan claro que el destino del pisto era ilegal, que el mismo ministro que se ocupó de colocar en el convenio que suscribió una cláusula en la que se lava las manos y traslada toda la responsabilidad del uso que se haga con el dinero a los transportistas, como si eso bastara para quedar libre de su obligación de garantizar el buen uso de los recursos públicos que administra el Ministerio de Finanzas.
Veremos qué seguimiento le dan el MP y la CICIG a los hallazgos sobre el Transurbano para demostrar a tirios y troyanos que su trabajo no está dirigido como persecución política contra nadie, sino simplemente como un esfuerzo para erradicar la corrupción.
