Juan Francisco Reyes López
jfrlguate@yahoo.com
En nuestro país, como prueba del avance democrático y uso de la libertad de expresión, encontramos que en los medios de comunicación hay periodistas, columnistas y autodenominados “analistas” que expresan sin censura, con capacidad o sin la misma, su opinión sobre los temas que consideran convenientes; la mayoría son guatemaltecos, varios son profesionales colegiados y con todo derecho pueden suscribir sus artículos acreditando un título universitario y ser profesionales activos de conformidad con la Constitución y las leyes.
Otros, por obra y gracia de lo que ellos opinan, sin ser guatemaltecos y por consiguiente no tener el mismo conocimiento y arraigo que alguien que ha nacido, crecido y desarrollado toda su existencia en el país, de la noche a la mañana aparecen como columnistas o analistas “de tuti” en los medios de comunicación.
Concretamente llama la atención el “colocho” Edgar Gutiérrez, quien fungió como colaborador en una comisión de la Iglesia Católica, después fue nombrado por el presidente Alfonso Portillo en la Secretaría de Análisis Estratégico, donde desarrolló y construyó la acusación en contra del capitán Byron Lima y otras personas y logró que otros “colochos” fueran parte, aunque no muy grande, del Gabinete de gobierno como Arturo Montenegro y Víctor Hugo Godoy. Al lograr saltar al Ministerio de Relaciones Exteriores benefició con lucrativos contratos de consultoría y/o asesoría a sus compinches internacionales argentinos y de otras nacionalidades radicados en Washington.
Hoy, a pesar de no ser un profesional con títulos válidos en Guatemala, es funcionario de alto nivel en la Universidad de San Carlos, columnista en uno de los medios escritos y frecuentemente invitado de algún canal de cable, donde luce su cabellera y se permite analizar y criticar de forma dogmática al Presidente de la República, al Ejecutivo y al Congreso.
Haciéndose eco por lo que dice de algunos columnistas como su íntimo amigo de fiestas Manfredo Marroquín, todo con el objeto de poder volver a ser miembro del Gabinete de Gobierno y de influir improcedente y equívocamente en las acciones y decisiones que se tienen que desarrollar en el Gobierno de Guatemala.
No hay duda que en una democracia todos tenemos derecho a opinar pero tampoco debe pretenderse que porque se votó por un binomio presidencial o porque se es columnista, editorialista de un medio o más delicado aún, porque se tiene un trampolín o una mampuesta en un tanque de análisis y un jugoso sueldo en una universidad, el resto de los ciudadanos debe de escuchar y más grave aún hacer caso de nuestras opiniones.
Opinar es un derecho, pensar y analizar es una obligación y al Presidente, Vicepresidente y demás funcionarios les cabe la responsabilidad de oír, de discernir y de comprender si lo que se les critica o lo que se les opina es justo y adecuado.
Jimmy Morales, Jafeth Cabrera, Mario Taracena y demás funcionarios públicos no son infalibles pero si son a quienes legítimamente se les escogió para tener la responsabilidad en el Ejecutivo y en el Legislativo. Por tanto, después de evaluar y consultar, son ellos quienes deben tomar las acciones y decisiones que proceden y son necesarias en una Guatemala donde el 60% está en pobreza y menos del 1% concentra la mayoría de la riqueza.
¡Guatemala es Primero!
