En Guatemala, las personas a cargo de las instituciones reguladoras nunca juegan el papel desde el punto de interés del Estado y, mucho menos, del ciudadano al que se deberían por desempeñar un puesto público.
Por ejemplo, se confirma que la Superintendencia de Telecomunicaciones ha sido permanentemente una oficina al servicio de las empresas de telefonía y de los recipiendarios de las frecuencias, tanto para la radio como para la televisión.
Lo mismo ha sucedido con la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, en donde sus funcionarios terminan siendo altos ejecutivos de quienes han tenido «regulados». ¿Se imaginan ustedes qué empresa va a contratar a quien hizo un buen trabajo por evitar sus abusos? Claro, nosotros creemos lo mismo, que estos funcionarios han sido los grandes facilitadores para apañar y facilitar negocios sin pensar nunca en el usuario.
Para ilustrar el papel de algunos interventores, allí está TCQ. APM Terminals, que solo puede ser absolutamente inepta o terriblemente corrupta, adquirió la operación basada en pago de comisiones, mordidas, coimas o como le hayan querido llamar en su momento.
Se da posteriormente el nombramiento de un interventor, Alexander Aizenstatd, que viene a ser el principal vocero a favor de la inepta o corrupta APM, presentando soluciones con el apoyo, incluso, de aquel que en un momento denunció el caso como un intolerable caso de corrupción.
APM, el «tercero de buena fe», ni siquiera ha retirado las acciones legales contra el Estado sabiendo que ellos han sido parte del acto corrupto. Su abogado, vicepresidente de AmCham, critica institucionalmente las intervenciones casi defendiendo la «inversión» ante la corrupción.
En fin, que la función pública ha sido y seguirá siendo un pilar fundamental de la tan famosa cooptación del Estado que confunde hasta al creador del término. Es por ello que no nos debe extrañar que terminen los superintendentes trabajando en bancos, en canales, radios, telefonías; los reguladores de la energía con los grandes generadores a quienes «les contaron las costillas» de manera peculiar. No extraña que un interventor sea la alfombra del ente intervenido.
En fin que los reguladores e interventores terminan siendo los borregos de los regulados o intervenidos. No nos debería sorprender que no aparezcan los expedientes de la concesión de Televisión abierta, que las bandas de celulares se vendan siempre entre los mismos, que la Comisión Nacional de Energía Eléctrica sea la oficina de trámites de los generadores o que el interventor sea el vocero de APM. Somos un país cuya sociedad se acostumbró a ser tratada así y parece que a nadie le importa que eso ocurra.
