Fernando Mollinedo C.
Desde hace más o menos sesenta años estamos viviendo en crisis permanente que se agudiza cada día más; ya sea por la conducta ilegal de algunos gobernantes como por la avaricia de los sectores agroindustrial, comercio, empresariado y administración pública, que han utilizado diversos métodos y técnicas para desfalcar al Estado.
Hemos visto el surgimiento de nuevos ricos, que aunque tengan pisto no fueron ni serán aceptados en la alcurnia económica de Guatemala. La mayoría de las últimas generaciones de gobernantes (60 años) e iniciativa privada (siempre), disfrazaron el despojo como actos de gobierno en pos del desarrollo, pero la verdad es que tal fachada cubrió sus actos de corrupción.
La asignación de viviendas, lotes, terrenos, parcelas; concesiones, licencias de explotación y exploración petrolera y minera, frecuencias radio eléctricas, cielos abiertos, vías de ferrocarril, usufructos, fideicomisos, condonación de multas, venta de activos del Estado y muchas otras conductas atentatorias contra la soberanía y el peculio del Estado, atribuibles a los gobernantes y funcionarios mañosos “comprados” con dádivas, pues fueron personas que accedieron al poder por una u otra razón, pero pobres en su economía personal y en su formación axiológica.
Esas acciones influyeron en la pobreza que hoy muestra sus efectos en los mayores segmentos de población: familias que viven en condiciones de extrema pobreza en zonas rurales y urbanas; por lo que, los responsables son los evasores de impuestos, funcionarios y empleados gubernamentales, la iniciativa privada que se quiere lucir con vestidito de primera comunión y los extranjeros que han comprado voluntades o arrebatado propiedades.
Con los millones de millones de dinero inmoral obtenido a través de sus actividades ilegales, compraron el “reconocimiento social” del cual carecieron, otros por medio del vil hueveo y despojo de tierras y de inmuebles urbanos, y los menos, por la venta de la soberanía nacional y la complicidad de funcionarios traidores a la patria.
Ya contabilizando en materia económica, haciendo una comparación con las cuentas del pisto hueveado por los exfuncionarios recién despojados de sus cargos, podremos darnos cuenta que los grandes negocios siempre han existido para beneficio de los gobernantes de turno: puertos, aduanas, aeropuerto, migración, gerencias de instituciones gubernamentales, gobernaciones, consulados y otras dependencias, ¿cuánto en dinero les habrán dejado como ganancias, rédito, coimas, sobornos y/o mordida?
Y ¿En qué parte del cuerpo se van a meter tantísimo dinero? ¿Les irá a caber? ¿Se lo llevarán a su tumba, aunque sea en un cheque a su nombre? Hagamos una campaña nacional para exigirle al Congreso la creación de la LEY ANTICORRUPCIÓN al estilo China, que contemple penas severísimas para los defraudadores del Estado, incluyendo la pena de muerte.
Tal vez así, los gobernantes se vean obligados a ser honrados, dignos de credibilidad, con respeto de la población y premiados por el cumplimiento de su deber o fusilados por ser vulgares delincuentes.
