Juan Antonio Mazariegos G.
El día de ayer se hizo del conocimiento público que la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, había resuelto dejar sin inmunidad al parlamentario Luis Rabbé, quien es acusado junto a otros diputados y exdiputados por el Ministerio Público y la CICIG, de Abuso de Autoridad y Peculado en señalamientos que se le sindican en el proceso por la creación de plazas fantasma en el Congreso de la República.
La CSJ, competente para conocer del informe que preparó el Juez Pesquisidor, tiene prohibición expresa para determinar si existe delito o tipificar el mismo, debe de circunscribirse a determinar si existen indicios razonables de su participación en hechos que ameritan que se le despoje de su inmunidad, determinar la gravedad de los hechos que se le sindican y ordenar se le forme causa para que enfrente la justicia.
El cumplimiento de los procedimientos que establecen las leyes de nuestro país, aún y cuando no vayan en sintonía con la velocidad que demandan las aspiraciones ciudadanas, es indispensable para que el sindicado obtenga su debido proceso y la prueba de su responsabilidad o no, sea deducida por los tribunales competentes. La Ley en materia de Antejuicio determina un plazo máximo de 60 días para rendir el informe y no contempla medidas de coerción como el arraigo, lo que permitió a Rabbé salir del País previo a que se conociera el informe.
Rabbé es un polémico personaje que constantemente ha retado a la prensa y a la población en general para que lo enfrenten en un proceso determinado, hoy se le cumplió el deseo y deberá enfrentar formación de causa. Rabbé se convirtió al correr de los años y a través de distintas agrupaciones políticas en el operador político de Ángel González y del monopolio de la televisión abierta, fungió como Presidente del Congreso de la República y retrata en sí un ejemplo de la vieja política que ha manejado el poder en Guatemala.
El Antejuicio es una garantía para el sostenimiento de la institucionalidad y que no antojadizamente se presenten querellas en contra de funcionarios públicos por cualquier motivo. Pensar en eliminarlo considero que no es la solución, lo que sí es indispensable y ya se contempla dentro de las reformas que se promueven al sistema de justicia es buscar el mecanismo para administrarlo de mejor manera, limitando el derecho de antejuicio para que no sea tan extenso como es hoy y también podría agregarse que ante una primera revisión el órgano que conoce del procedimiento pueda solicitar a un Juez competente que dictamine una medida de arraigo cuando menos para evitar que como ahora, el funcionario antes brabucón y retador abandone el país.
