Jorge Santos
Este año no solo trajo consigo un nuevo gobierno, sino también vino acompañado de una serie de propuestas que en su gran mayoría pretenden dar nuevos brillos a la oleada neoliberal. Durante el primer semestre hemos oído propuestas, casi todas provenientes del sector privado, para reformar el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Reformas a la Política Fiscal y propuestas en cada uno de los grandes temas vinculados con determinadas leyes, tales como la de Contrataciones o la de Servicio Civil.
Pareciera ser o da toda la apariencia que producto del importante retroceso que en materia de influencia ha tenido el sector privado organizado en la élite política, más la capturas y procesos penales que se han venido dando desde el año pasado a la fecha, la estrategia no solo estuvo vinculada a dar el respaldo económico a la única propuesta capaz de garantizarles un mínimo sus intereses en el gobierno, al apoyar a FCN-Nación y con ello a un personaje y estructura sin propuesta, ni rumbo; pero que con el paso del tiempo sería el instrumento político perfecto para la retoma del control político en el país; sino que también está dirigida a profundizar los males propios del neoliberalismo, pero que les representa buena cantidad de retorno de sus capitales e inversiones. De esa cuenta, es que a la fecha vemos a una cúpula empresarial que propone reformas a todo aquello que represente la garantía de sus intereses. Es decir, por más que aparenten que sus propuestas tienen detrás el interés del bien común, sus propuestas no son más que aquellas que les permitan o bien la retoma del control político o bien el acceso a recursos y retorno de sus capitales, en detrimento efectivo de los intereses nacionales.
Lo más riesgoso del caso, es que estas propuestas apuntalan a profundizar los males que son origen de la crisis actual del Estado y la sociedad. Lo más “novedoso” de sus propuestas lo constituye lo que han dado por llamar maliciosamente la desmonopolización de la seguridad social, que no es más que la pretendida privatización del IGSS y con ello el acceso a sus recursos. De la misma manera, han propuesto una serie de medidas impositivas, a lo cual no se le puede llamar reforma, que amplía la actual política fiscal regresiva, injusta e inequitativa, en la medida que carga más impuestos a las capas medias y a la clase empobrecida y debilita aún más los mecanismos de redistribución del ingreso.
Es por ello que se hace sumamente necesario que los sectores democráticos, progresistas y de izquierda en el país, hagan su mayor esfuerzo para retomar la agenda de transformación, luego de los cinco meses de movilización social y popular, con el sentido de que será necesario un segundo aire, que nos permita encaminar propuestas y acciones tendientes a modificar el actual escenario, en donde la injusticia y la impunidad están teniendo como reacción de los grupos hoy investigados y perseguidos penalmente, la profundización de males ya conocidos.
