Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
Si en lugar de decirnos que ya recuperó la moral tributaria por completo (cosa que a mi juicio es una apreciación equivocada de la realidad), el Presidente nos hubiera dicho algo como:
“Pueblo de Guatemala. Los oigo, los siento y sé que a pesar de que se han dado algunos pasos en la dirección correcta, estos aún son insuficientes para alcanzar la Guatemala que todos soñamos. Estamos en un momento en el que o enfrentamos la pobreza o la afianzamos.
Sí, necesitamos más recursos, pero sabemos que mientras sigamos teniendo un sistema cooptado, lo que recaudemos servirá para mantener a un Estado que fue secuestrado para no cumplir con sus funciones básicas y atender a unos pocos.
No puedo detener la reforma fiscal, pero sí he solicitado que previo a la aprobación de la misma, se presenten las iniciativas de ley necesarias para que podamos tener una verdadera política de control y calidad del gasto.
Mientras sigamos con una Contraloría de Cuentas inoperante, que llega cuando ya se robaron todo, no podremos pensar en un desarrollo sostenible del país y su gente; nunca habrá recurso suficiente para atender los grandes problemas de Guatemala. Pero también es justo decir que tal y como ahora está estructurado el Estado, fiscalizar hoy es imposible.
Por ello es que de entrada y previo a la aprobación del aumento de las tasas tributarias, ejercitaré mi iniciativa de ley para proponer tres medidas concretas: una que se reforme de manera radical la manera en que el Ejecutivo compra y adjudica, dando paso a la creación de una Superintendencia de Compras que permita la centralización de los procesos de adquisición y nos lleve a la eliminación de las tantas unidades ejecutoras de compras que existen en el gobierno.
Esa nueva superintendencia deberá ser operada por expertos en las áreas financiera, contable y legal, deberá de tener un funcionamiento para compras inmediatas, de mediano y largo plazo atendiendo a la planificación que los ministerios y las secretarías presenten y dará paso a eliminar la discrecionalidad de las juntas calificadoras, dado que de ahora en adelante éstas deberían ser conformadas por profesionales en cada materia como ingenieros, arquitectos, médicos, pedagogos, expertos en recursos humanos, administradores de empresas, expertos en seguridad, entre otros.
Seguirá contratando cada ministerio o secretaría, es decir, ellos firmarán los contratos para hacerlos responsables de sus decisiones, pero no lo podrán hacer sin el aval de la Superintendencia de Compras. Esa nueva superintendencia, funcionará por un sistema que tiene que permitir publicidad máxima y seguir la pista de la ejecución y calidad de los bienes y servicios.
La segunda, es que la Contraloría de Cuentas pueda tener funciones preventivas y que por ende, tanto en la nueva Superintendencia de Compras, como en los entes autónomos incluyendo las 340 municipalidades del país, pueda existir presencia permanente de auditores a cargo de revisar los procesos y negocios previo a ser ejecutados para asegurar que todos los recursos que se ejecuten con el dinero del pueblo, sirvan para éste y no para enriquecer a unos pocos.
Y tres, la creación de una nueva Dirección General de Servicio Civil que se encargue de las contrataciones de personal que haga el Organismo Ejecutivo, con el afán que el aparato estatal deje de ser el botín de los políticos y que se deje de negociar con unos inmorales sindicatos aspectos que no son sostenibles porque a mayor inversión, no hay mejoras en la calidad de los servicios, principalmente en educación y salud.”
El espacio es muy reducido para ahondar y/o seguir, pero estoy seguro que si las lágrimas de ayer hubieran ido acompañadas de unas palabras similares, la reacción de la gente hubiera sido distinta y eso es lo que, tristemente, nuestro Presidente no quiere o no lo dejan entender.
