Guatemala, 12 de agosto de 2016
Licenciado Oscar Clemente Marroquín
Director del Diario Vespertino La Hora
Estimado licenciado Marroquín,
De la lectura de sus comentarios a mi columna del día miércoles 11 de agosto me queda la impresión de que definitivamente fallé en darme a entender. No quise decir que los males del Estado comenzaron y terminaron con el “Huracán Patriota”. Más bien me refería a que los males se agudizaron de forma muy marcada durante los últimos 4 años; más allá de lo anteriormente visto en otras administraciones.
Por ejemplo, en el Ministerio de Salud se documentó que una de las causas principales del desabastecimiento de medicamentos fue que entre 2012-2015 se usaron recursos del grupo de gasto 2 (dedicado a la compra de insumos, suministros, entre estos, medicamentos), para contratar personal. El monto de recursos destinado a contratación de personal en los renglones 018, 029 y 036 superó cuatro veces el monto de recursos adicionales que se le dieron al MSPAS durante todo ese período de gobierno. Con ello solo ejemplifico que una tendencia instalada en todas las administraciones, de comprender el Estado como un botín, se vio exacerbada durante el último período, al punto de colapsar totalmente la institucionalidad que se había venido debilitando poco a poco desde los procesos de privatización y reducción del Estado que se impulsaron desde la firma de los Acuerdos de Paz.
Cuando delimité el “restablecer el funcionamiento básico del sector público” me refería a “ordenar la casa” y corregir las funciones básicas de toda entidad tales como: gestión del recurso humano, la administración de los bienes institucionales, el manejo de las finanzas conforme a las normativas ya establecidas, el ordenamiento y/o supresión de las distintas dependencias y unidades que se fueron creando para alojar personal; y lo referente a utilizar los procedimientos y normas de compras y contrataciones existentes para abastecer de insumos y suministros a las dependencias públicas, conforme a las normas establecidas. Es mi criterio que varios de los problemas que persisten a la fecha, que impiden entregar bienes y servicios a la población que anteriormente sí se entregaban (por ejemplo, vacunación), se corregirían recuperando ese tipo de procesos. Caso contrario, será muy difícil hacer cambios más profundos.
Un caso claro de eso, es la nueva ley de compras y contrataciones del Estado. Las enmiendas que se efectuaron están creando serias dificultades para ejecutar. En algunos casos es porque los instrumentos debían ser primero creados (tales como el reglamento, el sistema para precios de referencia; el sistema para hacer la subasta inversa de manera electrónica); en otros, porque hay que crear capacidades en las instituciones para asumir los nuevos procedimientos; o no se contempló cómo se iba a operar en el ínterin mientras se creaban los instrumentos; en otros, porque la ley está formulada de tal manera, que simplemente no se pueden ejecutar los procesos.
Cuando estuve a cargo de la SEGEPLAN me tocó hacer cosas similares. Hubo que hacer un censo del personal que se pudiera cruzar con la nómina para saber quién era el personal de la institución; establecer un único plan de trabajo, con objetivos compartidos, en lugar de los 17 que había; reactivar y obligar el uso del SNIP (Sistema nacional de inversión pública) su normativa, procedimientos y herramientas para el registro de la obra pública; interconectar la base de datos del SNIP con el SIAF de manera tal que se pudiera evitar que se pagara obra que no estuviera documentado su avance físico. Se activó la georreferenciación de obra pública y del registro fotográfico de los avances de la misma en el módulo SNIP y se creó el Centro de Acopio de Políticas Públicas, para que existiera una base de datos que compilara y diera acceso público al inventario de instrumentos existentes.
Si bien fui funcionaria pública, no serví al gobierno de la UNE, ni he sido nunca miembro de dicho partido o de algún otro. Desde todos los espacios que he ocupado, sea en el sector público o en la cooperación internacional a lo largo de 25 años, he dedicado mi vida a trabajar por un país que brinde más oportunidades para todos sus ciudadanos y ciudadanas. Dentro del gobierno de la UNE, mi función fue precisamente, recuperar la institucionalidad de la SEGEPLAN, que había sido brutalmente devastada y restablecerle sus capacidades y funciones básicas. Por más intenso que fue mi trabajo esos 3 años 8 meses, siempre he reconocido que los logros obtenidos fueron muy limitados para consolidar cambios institucionales más de fondo. Especialmente, cuando las autoridades que asumen posteriormente, no dan continuidad a procesos estratégicos. Levantar un proceso institucional toma mucho tiempo; botarlo, muy poco.
Estoy consciente que de un gobierno queremos mucho más que “restablecer funcionamiento básico”; pero sinceramente, veo que en el primer año del gobierno actual, se ha trabajado poco en ordenar el sector público. Inclusive la SAT, con sus éxitos de recuperación de recursos para el fisco, tiene ante sí, un largo camino todavía para contar con las capacidades que necesita para evitar precisamente, que alguna empresa o individuo, defrauden al Estado. El nivel de desmantelamiento de las capacidades en el sector público es realmente severo y la magnitud de la tarea es muy grande. Este reto, a mi juicio, antecede además, a cualquier nueva reforma fiscal.
Atentamente,
Karin Slowing Umaña
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