Adolfo Mazariegos
Sin lugar a dudas, uno de los temas de los que más se ha hablado durante los últimos días es la propuesta de Reforma Fiscal presentada por el Ejecutivo la semana recién pasada. Una propuesta en la que la mayoría de personas con quienes he conversado al respecto coincide en que, más que una verdadera Reforma Fiscal Integral, parece un desatinado paquetazo elaborado antojadizamente, sin un verdadero estudio que lo sustente y, sobre todo, realizado de forma acelerada, a la ligera [¿?] En ese sentido y aplicando sencillamente el sentido común, no he podido dejar de reparar en detalles que son ciertamente evidentes y que resulta difícil creer que no hayan sido contemplados o advertidos previamente; por ejemplo, la propuesta de incrementar el impuesto actual a los combustibles, algo que no es necesario analizar demasiado o ser un experto en materia económica para darse cuenta de que será un impuesto que terminará golpeando a la gente más pobre y necesitada del país. Todo lo que se compra y se vende en Guatemala es transportado de alguna manera desde distintos sitios de origen (inclusive el extranjero) hasta los distintos puntos de distribución y venta, y resulta demasiado “ingenuo” creer que ese gasto extra, una vez aprobado (incremento de tres quetzales de impuesto al galón de combustible) no será trasladado de alguna forma al precio final del producto. Más “ingenuo” aún resulta pensar que, hablar de control de precios, como ya se escuchó en los medios, sea una verdadera solución para evitar que los precios de bienes y servicios no sean incrementados al consumidor final. Eso, seguramente lo que generaría sería inflación. También (y este es un asunto que habría que ver desde otra óptica dado su significado a nivel de Estado) traería un aumento del contrabando de diversos productos que, aunque no formen parte de la Canasta Básica, actualmente consumen diariamente muchas familias guatemaltecas, incluidos los mismos combustibles que se utilizan en el país no solo para el transporte particular, sino también para el transporte urbano y extraurbano de pasajeros, el transporte de la producción agrícola y el transporte de bienes y productos de consumo no agrícolas, además de otros usos como la generación de electricidad en algunos casos. El impuesto a los hidrocarburos, de acuerdo a la normativa vigente, debiera servir para mantener en buen estado el sistema vial del país, pero de todos es sabido cuál es la condición de nuestras calles, carreteras y caminos rurales, razón por la que ¿Quién quiere pagar más impuestos para ello? Los otros impuestos cuya modificación o incremento también están contemplados en la propuesta, andan por el mismo estilo, por lo que hablar de ello probablemente conduciría al mismo punto de partida. Valga decir solamente como corolario, que la pelota está en este momento en la cancha del Legislativo, en donde cualquier cosa puede suceder, inclusive, que la propuesta sea utilizada con fines puramente politiqueros en favor de determinados grupos o partidos políticos… Ya veremos, entonces, qué sucede esta semana.
