Juan Francisco Reyes López
jfrlguate@yahoo.com
Durante los próximos tres meses, los organismos Ejecutivo y Legislativo, coordinada o separadamente, tienen que emitir una nueva ley para regir el servicio civil público.
En la ley debe de establecerse las escalas para la mayoría de puestos públicos y así lograr que exista un escalafón justo y razonable para todos los servidores públicos y no vuelva a suceder que un conserje gane 15 veces lo que es el salario mínimo vigente.
En ningún lugar de la administración pública incluyendo alcaldías, debe pagarse de menos o pagarse de más, especialmente cuando los salarios se pagan de los impuestos y ello evita que existan suficientes recursos para combatir la desnutrición, para dar salud pública, educación e infraestructura adecuada para todos los guatemaltecos.
El Código de Trabajo debe ser actualizado, estableciéndose que en ninguna dependencia del sector público puede haber más de tres sindicatos, lo correcto es que los trabajadores que se quieran sindicalizar lo puedan hacer en uno de los tres sindicatos existentes en el Congreso o en el Ministerio de Salud, para ello debe establecerse un plazo que evite esa degeneración sindical.
El emplazamiento debe de normarse, no puede ser que una entidad pública o privada esté emplazada más de 120 días por cuanto es una medida preventiva y circunstancial, no puede durar años.
El emplazamiento solo podrá renovarse una vez por un máximo de 60 días y así dejar sin efecto que los trabajadores a través de ese abuso duren sin poder ser despedidos, pagándoles sus prestaciones en cualquier área del sector público o del sector privado, durante años.
En el sector privado existe la quiebra la cual no existe en el sector público, lo que implica que para poder despedir a los cientos de trabajadores que innecesariamente existen en el Congreso hay que cerrar el mismo, para que ya no haya patrono, ello se lograría si se convocara a una constituyente.
Otro aspecto urgente es la actualización de la carga tributaria, por mi edad y por los numerosos puestos que desempeñé en el sector privado, como directivo en la Cámara de Comercio, en la Asociación de Amigos del País y en CACIF, donde fui dos veces su presidente, me tocó participar en las reformas fiscales desde la época del gobierno del presidente Vinicio Cerezo, mi participación continuó produciéndose a través del gobierno de Jorge Serrano, como diputado y como miembro de la Comisión de Finanzas.
Fue una propuesta de mi parte la que estableció no solo la actualización y aumento de impuestos en la época de Jorge Serrano, sino también los Q36 mil quetzales de mínimum vital que no se puede gravar en el impuesto sobre la renta, permitiendo que los asalariados y profesionales fueran los mayores recaudadores de facturas que obligaran a todos los empresarios a declarar sus ventas, entregar el IVA al gobierno y no poder evadir el impuesto sobre la renta derivados de esos ingresos.
En el gobierno de Ramiro de León Carpio, el IVA volvió a elevarse al 10% que Mejía Víctores sin ningún criterio técnico había reducido al 7%, en los Acuerdos de Paz propusieron que el IVA se aumentara al 12%, lo cual como vicepresidente de la República discutí y acepté. Fueron en esas discusiones que determinamos que las donaciones tuvieran un tope, habiendo comprobado que era como la mayoría de las empresas de la supercúpula económica rebajaba Impuestos Sobre la Renta y se otorgaba una serie de ventajas y lujos para ellos y sus familias a través de las fundaciones que todas esas empresas tienen.
Guatemala es primero!
Continuará…
