Claudia Escobar. PhD.
claudiaescobarm@alumni.harvard.edu
Hace unos días en Nicaragua, el aprendiz de dictador Daniel Ortega eliminó del Congreso a la oposición política. Para esto hizo uso del Consejo Supremo Electoral, cooptado por el ejecutivo, el cual destituyó a 16 diputados titulares y 12 suplentes del partido de la oposición conocido como Partido Laboral Independiente.
A principios de junio, la propia Corte Suprema de Justicia anuló la representación legal del mismo partido al diputado Eduardo Montealegre. Esto implica impedir la participación de la oposición en las próximas elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en el mes de noviembre.
En Nicaragua, como en muchos otros países latinoamericanos, durante el siglo XX los ciudadanos vivieron bajo regímenes dictatoriales, como el de Anastasio Somoza. Las ansias de libertad llevaron a los nicaragüenses a organizarse y buscar la manera de derrocar al dictador; pero es evidente que poco duró la era democrática y ahora de nuevo sufren las consecuencias de vivir en un régimen autoritario.
Dichos acontecimientos no deben pasar desapercibidos para los guatemaltecos; primero porque se trata de un país hermano, pero también porque lo que vemos es un proceso en el que se repiten los mismos errores del pasado y además se consolida una dictadura en territorio centroamericano.
Es difícil comprender cómo en pleno siglo XXI un grupo de individuos ambiciosos y sin escrúpulos, encabezados por Daniel Ortega y su pareja Rosario Murillo, se han podido organizar para tomar el control absoluto de un país.
Los guatemaltecos debemos aprender de nuestros propios errores si no queremos que los acontecimientos del pasado se repitan también en nuestro territorio. Para evitar que los políticos abusen de su autoridad es indispensable fortalecer las instituciones y resguardar la independencia de poderes. Se requiere que existan de normas adecuadas, funcionarios competentes, recursos económicos disponibles y también de ciudadanos comprometidos que puedan exigir una rendición de cuentas clara a los gobernantes.
No basta con tener bajo rejas a funcionarios corruptos si el sistema que permitió que esto sucediera no cambia de raíz. El caso ejemplificado en Cooptación del Estado es una muestra de la gravedad de nuestra crisis institucional. Existe ahora un esfuerzo de reformar nuestra Constitución y también una propuesta de modificar el régimen tributario.
Muchos guatemaltecos expresan su apoyo a los cambios, mientras no les toquen sus bolsillos. En inglés existe un dicho que dice: “Put your money where your mouth is” lo que significa: Pon tu dinero en donde pones tus palabras.
Es verdad que a nadie le gusta pagar impuestos y menos si no existe certeza que estos se invierten adecuadamente. En Guatemala existe la idea que los impuestos, sirven para enriquecer a la clase política y así ha sido por muchos años. Pero los impuestos son indispensables para que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones. Si queremos que las cosas cambien, tenemos que cambiar nosotros y estar dispuestos a contribuir.
En el contexto actual en el que se plantea una reforma tributaria, debe incluirse junto con el aumento de impuestos un aspecto de transparencia de gestión del gasto y de rendición de cuentas. Por aparte la reforma constitucional tendría que revisar la prioridad de los gastos públicos. No es coherente que el Estado gaste más en deportes que en asuntos de justicia. Por mucho que nos alegre que nuestros deportistas participen en las olimpiadas, no se puede justificar que un entrenador de selección gane mucho más que un juez o que un fiscal.
