Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
El principal argumento de los empresarios cuando se habla de una reforma fiscal es que no tiene sentido que se apriete la mano a los mismos contribuyentes cargándoles con tasas más altas. Ese razonamiento se escucha una y otra vez y uno supone que es un valor absoluto, aplicable a todo el sistema fiscal, con el que se pretende ampliar la cantidad de contribuyentes mediante un esfuerzo serio para formalizar la economía y agregar a los listados de la Superintendencia de Administración Tributaria a todos aquellos que se mueven fuera del radar de la formalidad y, por lo tanto, no son contribuyentes.
Sin embargo, resulta que el poderoso sector empresarial ahora está muy bien dispuesto a sentarse en una mesa de diálogo fiscal porque la propuesta del Ejecutivo va orientada a elevar el Impuesto al Valor Agregado, mismo que paga el consumidor. En otras palabras, que no se piense en apretar a los mismos si se habla de impuestos directos, pero si estamos hablando de impuestos indirectos, como el IVA, que paga la gente común y corriente al margen de su capacidad financiera, no hay problema. En ese tipo de tributos no importa que se le cargue la mano a los mismos porque, al fin y al cabo, no son los de la foto.
Se sostiene que el Impuesto al Valor Agregado es un impuesto justo porque se paga de acuerdo a lo que cada quien gasta. Si una persona con muchos recursos gasta mucho, pagará mucho, mientras que el que tiene para gastar poco tendrá que dedicar mensualmente menos dinero para el pago del IVA.
Sin embargo, resulta que mientras el que tiene menos paga IVA prácticamente sobre todo su ingreso porque no tiene capacidad de ahorro y porque sus consumos son de subsistencia; quien tiene más recursos pagará únicamente sobre lo que gasta, pero no va a tener que desembolsar nada cuando ahorra. Y lo más importante es que las empresas tienen doble papel en el tema del IVA, porque por un lado son contribuyentes porque pagan el impuesto cuando compran sus insumos, pero también son recaudadores que pueden descontar del monto a integrar todo lo que ellos han a su vez pagado en concepto de IVA.
El consumidor final, el empleado que vive de un salario mínimo que lo deja fuera de los registros de la Superintendencia de Administración Tributaria no puede quitarse ni un centavo del IVA que paga mensualmente y en su caso es un impuesto directo de doce por ciento, que ahora quieren elevar, sobre todo su ingreso aunque los gastos que haga sea en una tienda de barrio o en un mercado cantonal en donde no le extienden ninguna factura.
El argumento toral del empresariado contra las reformas fiscales, en el sentido de que castiga a los que ya están contribuyendo en vez de preocuparse por engrosar la lista de potenciales contribuyentes, sale sobrando cuando el objeto de la reforma es el IVA y en ese caso los empresarios no hacen cara de asco y lo aceptan como una muestra de su “disposición” a contribuir a mejorar las finanzas públicas.
