* Julio Roberto Bermejo González
jrberrriejo@bermejolaw.com
En publicación anterior titulada «Elecciones en este momento es una burla al pueblo de Guatemala (La Hora, 4 de septiembre de 2015) me permite señalar que si las elecciones que estaban programadas se realizaban en la forma convocada, lo que resultaría sería un engaño tremendo al pueblo de Guatemala y una frustración a la energía ciudadana que empezó a partir de abril 2015 y que tenía como propósito luchar contra la corrupción y que el país volviera a vivir una vida democrática sobre bases de honradez en la gestión administrativa, solidaridad con los sectores más necesitados por parte del gobierno y respecto a la verdad y derechos humanos de todos. Señalamos que si las elecciones se realizaban siendo los partidos políticos los únicos que propondrían candidatos y estos fueran a los mismos políticos corruptos, lo que resultaría sería que el Congreso de la República quedara integrado con la misma clase política que la ciudadanía estaba rechazando. No se atendió la petición que varios sectores hicieron al respecto y ello determinó que los diputados corruptos de antes volvieran al Congreso, con dos o tres excepciones. Muchos de estos diputados electos están actualmente sujetos a un proceso para que se les levante el antejuicio, que es la coraza que les ha permitido impunidad. Algunos ya están desaforados, pero los que han ingresado en lugar de los mismos parecieran ser de la misma calidad. El transfuguismo de más de 30 diputados lo pone de manifiesto. Una primera manifestación de que en el Congreso casi no ha cambiado nada, son las reformas que se le introdujeron a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, los que son casi más de lo mismo y en las que no se introdujeron los cambios que pueden significar una reforma al sistema político, porque según esa reforma, no se garantiza la democratización interna de los partidos políticos, lo que permitiría desbloquear ese control estricto que pequeños grupos corruptos tienen sobre la dirigencia de los mismos, lo que bloquea que nuevas generaciones honestas y responsables puedan optar a la dirección de los partidos políticos. Algo también de mucha importancia es que no está garantizado que los partidos políticos funcionen como verdaderas Escuelas de formación política; además, al concurrir los partidos políticos a elecciones se seguirá trabajando sobre planillas integradas por personas que han pagado por obtener una posición en las mismas y la población al votar por planilla desconocerá quienes son las personas que elige. No se introdujo el voto nominal lo cual permitiría que el elector emita su voto a favor de una persona que no solo conoce quien es, sino conoce su trayectoria política y social; también, no se reconoció la posibilidad de que grupos cívicos legalmente reconocidos puedan postular candidatos a diputados. La negativa a estos dos puntos nos llevaría a elecciones de la misma clase de antes y la anhelada reforma política no se dará. Esto originará una nueva frustración ciudadana, lo que podría evitarse si se demanda con consistencia una segunda revisión de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, en la que además debería también garantizarse la autoridad efectiva del Tribunal Supremo Electoral, lo que con la reforma introducida no quedó firmemente garantizada.
El pacto Colectivo de condiciones de trabajo vigente en el Congreso es una aberración y adolece de nulidad porque no se celebró respetándose los requisitos legales. Ya debió haberse demandado su nulidad. Es loable el esfuerzo de reducir ese desmedido número de empleados parientes o amigos de los diputados, parientes de los otros empleados, las plazas fantasma y todas esas irregularidades en los nombramientos, en los que en una gran mayoría las personas no tienen las calidades y capacidades que los diferentes cargos demandan. Debe manifestarse apoyo al Presidente del Congreso porque parece ser que los dirigentes del sindicado, con apoyo de cierto sector de los diputados, lo están colocando en una posición difícil, lo que podría superarse si el Presidente de la República alineara a esa irregular y difusa bancada de su partido político. Con acciones se demuestra la afiliación a la lucha contra la corrupción y la impunidad y que no somos «ni corruptos ni ladrones».
Al Congreso de la República le falta mucho más y podría empezar por ajustar su abultado presupuesto de cerca de 900 millones; y además decidir, junto con la reducción de los excesivos beneficios que gozan las personas afiliadas a los sindicatos, reformar nuevamente su Ley Orgánica y modificar la norma absurda de que cada diputado y las comisiones y bloques tengan un equipo integrado por asesores, ujieres y secretarias en número excesivo, donde no está garantizada la calidad que cada uno de esos puestos requiere. Reitero nuevamente lo expuesto al respecto en publicación anterior (La Hora, 14 de julio de 2016) en la que sugería que el Congreso de la República debería tener un solo equipo de asesores en las diversas materias y un sólido grupo de secretarias competentes, a las que cada diputado pudiera acudir cuanto requiera de sus servicios. Es verdaderamente lamentable la noticia (El Periódico, sábado 30 de julio de 2016) de que los diputados y las bancadas vayan a empezar a hacer sus propios nombramientos, en los que no estará garantizada la calidad del nombrado y esto ha quedado demostrado con la deficiente producción legislativa que se ha tenido y además con ese sistema estaríamos volviendo a lo mismo.
Si el Congreso de la República está consciente de la delicada situación financiera del país, una manera de contribuir a que el problema se reduzca es ajustar su funcionamiento a normas de austeridad y eficiencia y dejar al margen la política de despilfarro que ha tenido.
Otra cuestión importante que afecta al Congreso de la República es lo relativo al fortalecimiento del Sistema de Justicia y ello es urgente para mantener la lucha contra la corrupción y la impunidad. Al Organismo Ejecutivo le corresponde transparentar y priorizar el gasto público y en este aspecto hay muchas áreas en las que no se evidencia une esfuerzo efectivo para lograrlo. El Presidente de la República debe estar consciente de que su labor debe de ser más profunda. A la par de lo anterior, es urgente que el país y de ello el sector empresarial debe también estar consciente, que le corresponde apuntalar la lucha contra la corrupción y una manera efectiva de hacerlo es pagando, por una sola vez, un impuesto sobre las utilidades que hayan obtenido en el año 2015 u otro mecanismo similar. Lo anterior estaría acorde al principio del que más gana tributa más. Debe evitarse que este esfuerzo nacional caiga sobre los sectores más desfavorecidos.
Doctor en Derecho*
