Raúl Molina
El Congreso coquetea con la idea de “privatizar” los fondos de la reserva del IGSS, para ponerlos al saqueo de la iniciativa privada. A lo largo de setenta años, las y los trabajadores hemos aportado al IGSS para poder contar con una vejez libre de la abyecta miseria. Por un lado, el IGSS cubre la atención médica por accidentes y enfermedades, y por otro, acumula fondos para cumplir con las obligaciones con los jubilados y minusválidos. Con base en buenos estudios actuariales, dichos fondos gozan de buena salud. Los ortodoxos del neoliberalismo han tenido la idea de que los cuantiosos recursos acumulados, que son la única garantía para quienes han dejado de trabajar, sean puestos en manos de la especulación. En ninguna parte del mundo el asalto sobre el dinero de las y los trabajadores ha servido de beneficio alguno para ellos; pero sí ha permitido el enriquecimiento ofensivo de los pocos que tiene poder político y financiero. El principal arquitecto de las AFP chilenas, José Piñera, hermano del expresidente Piñera y parte de una de las familias más ricas de América del Sur, sale a la defensa de la gran piñata pinochetista (situada en los 160 mil millones de dólares). En Chile, el vocero de la Coordinadora «No+AFP» indicó que José Piñera “viene a defender un sistema que ha colapsado, que ha fracasado”, agregando que “un millón de personas, de manera pacífica con sus familias, se expresó el fin de semana pasada y dijo, a lo largo del país, no más AFP”. Las noticias del 4 de agosto recogen generalizadas y profundas críticas a las AFP, al punto que el expresidente, quien desea reelegirse, dijo que José y él “somos hermanos, pero pensamos distinto”. Más dura ha sido la crítica de la bancada de la Democracia Cristiana, partido de centro-derecha, que afirma que “para la inmensa mayoría de chilenos evidentemente este es un sistema que está generando pobreza para millones y riqueza para un puñado”. Adicionalmente, el mar de críticas por las redes sociales es incontenible.
Desde luego, el descuartizamiento del IGSS ya ha comenzado. Bajo la conducción de sucesivas Juntas Directivas se ha violentado la estabilidad laboral de las y los trabajadores de la institución, se han privatizado servicios, como en el caso de las diálisis con la muerte de muchos pacientes, se ha multiplicado la corrupción con la compra de medicinas y se maneja un sistema que, en vez de retener a los mejores médicos especializados, los expulsa a la iniciativa privada. Al igual que se hizo con otras entidades estatales, se lleva al IGSS a tal desprestigio que la propia población termine pidiendo a gritos que la cierren. No es casual que esta semana, precisamente cuando diputadas y diputados defienden las “bondades” de la privatización del IGSS, salga a luz la corrupción de tres funcionarios en Xela, como punta del iceberg de lo que se ha venido haciendo a todo nivel. La privatización no resuelve estos males; solamente los agiganta y protege al amparo de la “santa iniciativa privada”. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la privatización y saqueo del IGGS constituye un crimen de lesa patria que los sectores afectados no toleraremos.
