Félix Loarca Guzmán
Un gran revuelo ha causado entre amplios sectores de la población guatemalteca, la noticia sobre que el diputado Luis Pedro Álvarez, del Partido Político Encuentro por Guatemala, está promoviendo una iniciativa de ley para desmonopolizar o privatizar los servicios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGSS.
Llama la atención que a través de internet, se ha montado toda una campaña mediática orientada a respaldar el proyecto del referido parlamentario, aprovechando las constantes denuncias de los afiliados por la mala atención y la escasez de medicinas.
Curiosamente se trata de una crisis parecida a la que existe en los hospitales estatales que pertenecen al Ministerio de Salud Pública, en donde los pacientes se quejan no solo de la falta de insumos, sino también de deficiencias en los servicios médicos.
Algunas personas están convencidas, que la crisis tanto en el Seguro Social como en los hospitales nacionales, podría ser una crisis provocada intencionalmente, para justificar la privatización de la salud en Guatemala, como parte de un plan perverso destinado a favorecer a poderosos sectores empresariales nacionales y extranjeros, dentro de la estrategia neoliberal alentada desde el norte del continente, para continuar con el secuestro de las pocas instituciones que todavía existen bajo el control del Estado.
Como reacción a la polémica iniciativa del diputado Álvarez, numerosas personas han comenzado a pronunciarse en contra de la privatización del Seguro Social, señalando que este no es el camino más adecuado para brindar una buena atención a los afiliados, sino la reestructuración a fondo de sus diversos programas, extirpando los focos de corrupción que todavía podrían existir al interior de las diferentes dependencias.
Bajo el convencimiento que actualmente “estamos mal con el IGSS, pero estaríamos peor sin él”, numerosos afiliados anticiparon que está en marcha un amplio movimiento para realizar una gran manifestación a efecto de abortar el proyecto del diputado Álvarez, por ser impopular y poco viable, dado que la privatización de las principales empresas estatales que se llevó a cabo durante el Gobierno del Trump tropical de Guatemala, solo favoreció a unos cuantos ricos, dejando de lado los intereses de la mayoría del pueblo.
