Da mucha pena, cólera y tristeza, ver que cuando más elementos hay para darnos cuenta que el sistema “democrático” de Guatemala no es más que una estructura para generar millones de ganancias, los temas de la reforma política no quiera incluir una radical y contundente regulación y fiscalización de los métodos de financiamiento electoral.
Desde antes del caso llamado Cooptación, era conocido por todos que quien se ganaba la silla del financiamiento de los candidatos, era el que obtenía el poder de ejecución de las políticas públicas, y casi de la absoluta voluntad de los políticos de turno.
Desde la época de la apertura democrática y con la elección de Vinicio Cerezo, se empezó la transformación con la que el objetivo de los partidos era el control de los recursos del Estado y no la ejecución de políticas de bienestar general.
Con cada una de las administraciones, se ha ido perfeccionando esa forma de actuar. Es por eso que aquel “detallito” del presidente Jimmy Morales sobre un empresario que le “regaló” muchas noches de hotel, tiene trascendencia aunque él no acepte que se condiciona políticamente la decisión de un presidente al recibir ese tipo de regalos.
Y con ese ejemplo, imaginemos todos los presidentes que juntos han recibido millones y millones sin más control que el impuesto por sus equipos de recaudación para el lavado de dichos fondos.
Y por eso es que no quieren hacer las modificaciones reales al sistema de financiamiento electoral. Todos los dueños de los partidos políticos han sido parte de ese mal y todos los diputados han sido electos con el mismo sistema.
Saben que en el momento en que tengan que declarar sus recaudaciones con una eficiente identificación del origen de los fondos, para posteriormente hacer la auditoría sobre los beneficios que los financistas puedan aportar, quedarían sin su poder de seguir manipulando los recursos del Estado y quedándose con el porcentaje de esa diabólica sociedad que ordeña los recursos públicos.
Y es por ello que ni los políticos ni los sectores que aglutinan financistas y, mucho menos, los diputados tienen interés en que las cosas cambien. ¿Se imaginan ustedes cuántos de los 158 congresistas tendrían elementos para salir a pedir el voto en base a su trabajo a favor del bien común?
Entonces es importante entender por qué no pueden ni pensar en entrarle al tema del financiamiento electoral y de partidos políticos, pues su objetivo fundamental es proteger esa degenerada práctica de partir la vaca entre financistas y políticos para hacerse millonarios desde el gobierno.
