Dr. Luis Fernando Cordón Morales
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La expresión bélica “fuego cruzado” es expuesta literal y metafóricamente para ejemplificar las situaciones que ha vivido la población guatemalteca en las últimas semanas. Primero, la masacre ejecutada tal película de acción, en un centro de privación de libertad donde se supone debería existir control estatal, y dirigida contra personas, en su mayoría convictos entrenados y armados, que nos hace reflexionar sobre que en Guatemala dos o tres anillos de seguridad no te garantizan seguridad, y por eso la vida del guatemalteco a pie cuesta lo de un acto de iniciación a una pandilla o desde Q200.00. Razón por la cual se esperó la aclaración del representante de la “Unidad Nacional”, que nunca llegó a intentar dar calma, a inspirar algún tipo de liderazgo respecto al camino curativo a seguir que es su obligación como Presidente, que no importa que caiga bien o mal, que sea serio o chabacano, popular o impopular, pero que muestre brújula o claridad sobre de qué lado está.
En otro escenario, los sindicatos de “salubristas y maestros” que se sienten empoderados para bloquear cuantas vías y carreteras deseen, ante la mirada consentidora de la “autoridad policiaca” en claro incumplimiento de deberes; y en medio, la población perjudicada porque no llega a su trabajo, cita médica, centro de estudios, a concretar un negocio, a solicitar empleo, a comercializar, prestar servicios, trasladar sus mercancías o mercadería; ciudadanos productivos que sufren de manera impotente la violación a su derecho constitucional a la libre locomoción por la incapacidad o complicidad de sus funcionarios.
El siguiente cuadro, las extorsiones a pilotos del precario y oscuro servicio de transporte público, donde los usuarios no solo deben de lidiar con el acoso sexual, cambio tarifario y grotesco servicio, sino que, además, con el temor a quedar en medio de un atentado armado.
En lo tributario, se está de acuerdo con la persecución contra los que se presuma incurrieron en la comisión de delitos contra el régimen tributario o sistema aduanero, ya serán ellos los que deberán ejercitar su propia defensa; pero sí nos preocupa que las actuales autoridades tributarias en su atribución legal visible de provocar la persecución penal desatiendan las otras veintiún atribuciones legales que tienen como Administración Tributaria, porque eso perjudica al cumplidor tributario, el que aún no recibe apoyo cuando se presenta a solventar su situación tributaria; porque encuentra intransigencia, soberbia, incompetencia o indecisión cuando se les hace ver una inconsistencia o ilegalidad; en la formulación de ajustes y devoluciones de créditos fiscales no están siendo objetivos, eficientes, ni están siguiendo criterios administrativos ni judiciales a los que están legalmente obligados; porque la revisión y despacho aduanero sigue siendo arbitrario y lento; o porque no encuentran existencia en especies fiscales (timbres y papel especial para protocolo), entre otras. Por lo que exigimos a las autoridades de la SAT que cumplan el objetivo legal de dar una mejor atención a los contribuyentes y logren un incremento, pero de la recaudación fiscal ordinaria en beneficio de toda la población, siendo indispensable que capaciten a su personal y agilicen el recambio pertinente a través del proceso de contratación masiva ya iniciado.
