Jorge Mario Andrino Grotewold.
• @jmag2010
La recomposición de las estructuras del Organismo Ejecutivo, en la última semana, hace inevitable entender el debilitamiento de distintos sistemas que el gobierno tiene a su cargo, y que han sido debilitados por estructuras internas o bien por las pugnas de control político al interno del Estado. La renovación de cuadros, con perfiles determinados, causa impactos en la población, y en gran medida obliga al Presidente Jimmy Morales, a oxigenar las políticas públicas para alcanzar resultados inmediatos y necesarios.
Esta semana se conocieron la sustitución de funcionarios en dos sistemas importantes para el país, que han sido abandonados a nivel de política pública y que presentan graves riesgos a las violaciones de derechos humanos para la población. El Sistema de Salud cae en riesgo ante la renuncia del ahora exministro, que no sólo no contó con el apoyo del Gobierno, entendido éste como quien lo encabeza y todos sus pares y cuadros técnicos, sino también recibió múltiples presiones de diputados y sindicatos, todos con demandas específicas. Sin embargo, ante la complejidad del tema, por el amplio deterioro de décadas en hospitales, Centros de Salud, ausencia de acciones de prevención y procesos viciados, era poco lo que un Ministro sin apoyo podía realizar en tan sólo seis meses. Pensar diferente no solo es irreal, sino controvertido de intereses particulares.
El otro gran sistema que sufrió un cambio abrupto fue el Penitenciario, que cada vez más se hunde en las profundidades de la impunidad. El Estado ha sido y es incapaz de tomar un control efectivo de los centros de detención, lo que genera ansiedad y temor de la población, tanto de los privados de libertad, como de quienes están fuera, ante los hechos atónitos de decapitar personas y asesinar a sangre fría a visitas e internos. Sin importar los antecedentes de cada persona y sus supuestos ejercicios de poder, el Estado tiene la obligación de garantizar sus derechos dentro y fuera de las cárceles, y por lo tanto es responsable de los hechos cometidos y los derechos vulnerados. Esa situación le costó el puesto también a un Director que en apariencia intentaba generar procesos de cambio e institucionalizarlos, pero que nuevamente la ausencia de recursos, humanos y financieros, hace que la tarea se ponga cuesta arriba. En un semestre es imposible cambiar la cara a un problema de lustros, menos si no se cuenta con el capital político que apoye los cambios.
La Dirección General de Migración y la Sepaz fueron otros cambios realizados por el Presidente y su círculo de poder en una semana, lo que implica entender que quienes llegaron no fueron apoyados o bien no tenían un compromiso real con el país, amén de no contar con el perfil idóneo para los cargos.
Inestabilidad y desconcierto se vislumbra en el gobierno. Se espera que los siguientes pasos no sólo sean certeros sino transparentes, para brindar a la población la confianza que necesita y el respeto a los derechos que merece.
