Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
Cuando el día jueves escuché al interventor de TCQ Alexander Aizenstad, nombrado por el Estado, hablando de la solución que le había propuesto a APM Terminals, pensé inmediatamente que se habían invertido los papeles porque quienes debían de haber venido a mostrar su buena fe y a ponerse en manos de la voluntad de los guatemaltecos y sus autoridades eran ellos y no a la inversa.
La respuesta de la representante de APM Terminals fue “lo estamos evaluando” y por eso insisto que se invirtieron los papeles porque los que deberíamos de estar evaluando si la buena fe de APM es genuina y si los términos propuestos se ajustaban a considerarlos como algo en el marco de la lucha contra la corrupción, somos nosotros.
Lastimosa actitud del Interventor, por decir lo menos, porque siendo un guardián de los intereses del Estado, ha pasado a ser una especie de vocero de APM. El papel del Interventor no es de andar de amable componedor y menos, consiste en dar un paso que le compete a quien debe demostrar ser un tercero que no es parte de la porquería.
Aizenstatd, por lo visto, ya calificó que APM es un tercero de buena fe cuando ese juicio le corresponde a los guatemaltecos pues si algo se hace, serán los representantes del pueblo (sí, esos diputados sinvergüenzas) los que tendrían la última palabra puesto que esto pasaría de un usufructo a una concesión que emane del Congreso.
Me surge la duda de cómo es que un tercero de buena fe deja que el Estado tome la iniciativa, se pone a defender un contrato viciado, que ellos saben que debe ser concesión en lugar de usufructo y contratan a un abogado, socio de un diputado, que ganó al Estado un caso por otro usufructo antes de que la CICIG destapara la corrupción. Si no existiera el caso penal y el Estado no hubiera presentado la nulidad del contrato de usufructo, también podríamos haber perdido un reclamo en arbitraje.
He dicho en el pasado que este caso es especial, porque Guatemala nunca ha estado en una posición tan sólida como la de ahora (judicialmente hablando) y por eso, asustar con lo del pleito internacional es un argumento para seguir con los mismos vicios de siempre. Lo mismo es asustar con que nos quedamos sin terminal, porque es preferible que todo se quede en el abandono a que ese puerto pase a ser un monumento de que en Guatemala, “todo se arregla y siempre hay alguien que oficiosamente y sin facultades se adelanta a los obligados (APM)”.
Me consta que al interventor lo animaron a que hicieran el anuncio personas dentro de las cuales se cuentan aquellos que tienen a sus jefes en problemas y a los que, seguro, les caería bien el día de mañana tener a alguien que negocie por ellos cuando no puedan justificar cómo crearon un imperio a base de mordidas.
Menudo patinazo el que dimos en esta lucha contra la corrupción y urge enmendar el rumbo puesto que esto da argumentos a quienes, por mañosos, se oponen a la lucha contra la corrupción y atacan a CICIG, MP y SAT para que nada cambie.
El interventor ayer dijo, algo molesto, que él tenía facultades, que hizo una sugerencia y que esa sugerencia la hace cualquiera, pero lo que no quiere entender es que él no tiene facultades para hacer lo que hizo. Aizenstatd, es abogado y la pregunta es ¿qué diría él si el Interventor de Aceros de Guatemala, Camino Real o la bananera se ponen a ofrecer acuerdos bajo el argumento de que hay que proteger a setenta empleados?
Si APM es tercero de buena fe que lo demuestre con hechos y no palabras y si no, que le reclamen a Pérez Maura porque tienen cómo hacerlo mientras nosotros nos arreglamos con el español en los tribunales penales.
