Juan Francisco Reyes López
jfrlguate@yahoo.com

Históricamente uno de los aspectos más críticos y delicados ha sido la duración del período presidencial y por ello, en la actual Constitución de la República, inclusive, se prohíbe la reelección; sin embargo, no es lo mismo el presente que el pasado.

Gracias a los medios de comunicación electrónicos todo se sabe casi de inmediato, no se tiene que esperar la publicación de los diarios escritos, ni la hora en que se transmiten las noticias en la televisión o en la radio; a través de los correos electrónicos, WhatsApp y otros sistemas, los teléfonos portátiles, las tabletas y/o las computadoras hacen del conocimiento nacional e internacional lo que está aconteciendo en cualquier parte del mundo.

Ya que se desea reformar la Constitución debe eliminarse de la misma la prohibición que un presidente pueda reelegirse.

Cuatro años de periodo de gobierno son insuficientes para hacer la obra que se requiere en el país y si lo que se desea es no reelegir a un mal presidente, sin duda alguna el mundo y Guatemala han evolucionado para poder tener una elección y no darle el voto a un nagüilón como Colom, ni a un chambón como Berger, pero sí podría haberse reelegido como presidente a Vinicio Cerezo, defensor de la integración centroamericana o Álvaro Arzú que ha sido reelecto tantas veces como alcalde de la capital, o a Alfonso Portillo que, gracias a las medidas sociales de control de la Canasta Básica alimenticia, de la mejora y actualización de salarios y a otras medidas acertadas de gobierno, en las encuestas ultimas recibió el 60% del reconocimiento de la ciudadanía.

Ejemplos de adecuada reelección han existido en Chile donde se permite la reelección con un periodo de por medio; en Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Argentina la reelección es de forma inmediata.

Discutir el tema no debe ser problema, aprobarlo no sería la competencia del gobierno sino de la voluntad popular democráticamente respetada y supervisada.

Otro aspecto que también debe someterse a modificación es el tema relacionado al diferendo marítimo terrestre que tenemos con Belice, el cual debe de regir su aprobación por 100% iguales normas que las que Belice se ha puesto, de lo contrario estaríamos cayendo de “brutos” por cuanto no estaríamos usando la misma vara, mientras que Belice siempre se sabe zafar o resbalar, argumentando que es “pobrecito, chiquito y que su pueblo no desea terminar el diferendo perdiendo cualquier ventaja de las que actualmente tiene”.

Si analizamos la historia de las relaciones internacionales en el tema de Belice, vemos cómo hemos retrocedido y perdido lo que legítimamente nos corresponde en Naciones Unidas, en la OEA y en otros foros porque Belice como exparte del imperio británico tiene automáticamente un montón de aliados de los que fueron parte de ese imperio, que no miran el derecho sino solo el que son cuñas del mismo palo.

Una reforma constitucional vía Congreso y consulta popular, al igual que convocar a una constituyente, es tan caro como una elección general; por consiguiente, no podemos darnos el lujo de reformar la Constitución solo en lo que quieren quienes hoy están de moda.

Si se puede modificar lo poco también se puede modificar y confrontar lo mucho,  nos costará igual en tiempo, esfuerzo y dinero.
¡Guatemala es primero!

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