Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Para muchos es inobjetable la tesis de que nuestra sociedad funciona bajo las reglas de un sistema diseñado cuidadosamente para apuntalar los métodos de corrupción y la impunidad que se vuelve indispensable y que durante siglos garantizó que aquí la justicia no se aplicaba más que a quienes no tenían acceso a las estructuras garantes de la impunidad. Algunos, ilusos, creemos que ese sistema tiene que cambiar, pero la verdad es que la tarea se vuelve muy difícil porque no se puede negar que para los más influyentes sectores ese sistema ha funcionado a la perfección y por lo tanto lo quieren defender a toda costa.
El colmo es que con la más cínica actitud se diga que la lucha contra la corrupción y la impunidad está ahuyentando la inversión y dañando la economía porque «violenta las reglas de juego» y eso asusta a cualquier persona que quiera invertir en nuestro país. Las acciones de la Superintendencia de Administración Tributaria para atacar la evasión fiscal son satanizadas y sin ninguna vergüenza les increpan a las autoridades como grave delito eso de andar «criminalizando» a los contribuyentes que incurrieron en «errores».
Evadir impuestos no se considera un crimen en nuestro país y, por el contrario, sí es visto como un crimen, terrorismo fiscal le dicen algunos, a las acciones que se puedan realizar para reclamar el pago de tributos omitidos.
Pero es que desde pequeños aprendemos que no hay cosa más importante que tener conocimiento y conectes para jugarle la vuelta a la ley. Aquí es calificado de idiota quien a la hora de una compraventa pone el verdadero valor pagado por el bien, puesto que siempre se ha usado la cifra más baja y nadie lo considera incorrecto ni inmoral. Pero lo mismo pasa cuando hay oportunidad de hacer negocio, puesto que es parte del sistema gratificar con una mordida a quien hace el favor de asignarlo y, más aún, cuando la autorización implica el compromiso de que no habrá supervisión para determinar la calidad de la obra o de los bienes adquiridos o los servicios prestados.
Nuestro sistema hospitalario es un desastre porque la gente influyente, la que podría presionar para que algo cambie, nunca pone un pie en un centro asistencial del Estado y lo mismo pasa con las escuelas públicas. En cambio, el desastre de Salud ha servido para que unos cuantos vivos amasen fortunas millonarias a sabiendas de que le están robando al pueblo, mientras que en educación se soborna a la dirigencia sindical para que sean una especie de brazo de activismo político para cuando haga falta.
La selección de jueces y magistrados ha sido siempre una componenda, pero ha sido extraordinariamente útil para preservar la impunidad y por eso vemos que ya las cúpulas del poder montan sus tanques de pensamiento para atacar la iniciativa de reforma constitucional porque no están dispuestos a perder su influencia ni los mecanismos que les han permitido cometer cualquier crimen sin contaminarse.
Yo creo que estamos arando en el mar porque no sólo la sociedad se siente cómoda con un sistema que le funciona, sino que hasta quienes vienen a ayudarnos terminan siendo parte de la jugada. Aquí el crimen paga y paga bien a los que de verdad mandan y por ello el cambio es una vana ilusión.
