Rolando Alfaro Arellano
Los antecedentes de la administración de justicia en el país, datan desde la época Colonial con el dominio español hasta nuestros días. Ello ha sido imposible de renovar, pues las normativas se han transmitido mal que bien y quizás por esa falta de estudiosos se han tergiversado muchas iniciativas.
Sin embargo, la historia es clara y mis estimados lectores podrán acudir a consultar el titánico trabajo que efectuaran los Amigos del País, al editar la “Historia de Guatemala”, que sería bueno releerla para comprobar el esfuerzo de investigadores nacionales.
Precisamente, por no tener en nuestros días expertos en la investigación jurídica y académica, es que enfrentamos diversidad de problemas en el campo jurídico.
Por otra parte, debemos recordar la iniciativa que tuvo el doctor Mariano Gálvez, con los Códigos de Livingston, es más que un ejemplo, porque con los Códigos de Livingston, se innovó el procedimiento judicial al efectuarse los juicios en forma oral, sin embargo, dicha iniciativa, debido a que la población no estaba educada para esa clase de procedimientos y fracaso, mucho menos en la actualidad que los señores legisladores no han podido legislar al respecto.
Asimismo, lo últimamente escrito se puede respaldar con las propias leyes vigentes en Guatemala, especialmente las procesales que datan de varias décadas, poniendo en riesgo a todo el sistema procesal al continuar con las demandas escritas y de algunas leyes que parcialmente acuden a la vía oral, caso de las demandas laborales, de familia y procesal penal. Pero el atraso es el mismo.
Recordemos que hace algunos años existieron demasiadas quejas en contra de los casos procesales civiles, que siguen en su totalidad la vía escrita al extremo que el exmagistrado, Gabriel Medrano, propusiera una reforma para tratar los procesos civiles, totalmente oral, pero que parece ser que se encuentra engavetado dentro de las iniciativas de ley del Congreso de la República. Además, es necesario considerar que por falta de una Política de Estado, que hasta que se aborda el tema y se apruebe se persiste en no educar previamente a las personas, permitiéndose con ello, una desinformación de pronósticos reservados.
Finalmente, tomemos en consideración el actual procedimiento penal que no sólo ha tardado meses en la parte de formulación de cargos y probatoria, sino que ha hecho un tremendo daño psicológico a los habitantes del territorio nacional ya que se ha mantenido en suspenso a las personas pensando que por la clase de procesados que han ocupado puestos públicos, y, por las concebidas bolas y temores de lo que tanto ha padecido nuestro país, desordenes, manifestaciones, bloqueos, asaltos y un tremendo etcétera… que nuevamente nos lleve a otro terremoto politiquero.
Continúa.
